Desde el sector empresarial buscan modificar el actual régimen indemnizatorio por despido para lo cual elaboraron un proyecto de ley llamado “Mochila Argentina” que presentaron ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, una especie de reforma laboral «encubierta» que hoy analizan empresarios, sindicatos, Gobierno y abogados laboralistas.
La respuesta sindical respecto al proyecto no se hizo esperar, tanto desde la CGT como desde la CTA se mostraron en contra de su aplicación. “Es negativo, porque el derecho a la indemnización es disuasorio para que el empleador no pueda deshacerse de los trabajadores tan fácilmente”, destacaron desde Azopardo, aunque reconocieron que “hay que revisar de qué manera los empresarios pueden invertir mejor» afirmaron que «no hay que empezar por apretar los derechos del trabajador porque allí si van a encontrar a la central obrera en contra”.
La CTA de Hugo Yasky, por su parte también rechazó “de plano” el proyecto y aseguró que “el problema del empleo no es el régimen laboral” sino que “las empresas no acceden al crédito y tienen competencia desleal o caída de la demanda interna”, por lo que consideró que “todos los intentos de flexibilizar nunca terminaron con más empleo”.
El proyecto, que se denomina ‘Mochila Argentina’ y que se inspira en el régimen vigente en Austria, consistente en un Seguro de Garantía de Indemnización administrado por el ANSES, Superintendencia de Seguros, y una entidad de control a designar, financiado con aportes de los empleadores calculados sobre la masa de salarios que abonan.
Las ideas ya llegaron al despacho del Ministerio de Trabajo, y cuentan con el visto bueno de altos funcionarios del Gobierno. Consiste en un seguro de garantía de indemnización, es decir, un trabajador despedido de una empresa dejaría de cobrar la indemnización completa en un sólo pago y el Estado pagaría esa indemnización de manera mensual, mediante el pago del salario que tenía hasta que consiga un nuevo empleo, durante la cantidad de meses que hubiera tenido antigüedad en la compañía. El pago que realizaría el Estado estaría financiado por las mismas empresas, que todos los meses pagarían un seguro.
En síntesis, la diferencia principal con el sistema actual es que la indemnización se cobrará mes a mes hasta agotar los meses de antigüedad, pero desde un seguro que pagarán las empresas sobre su nómina salarial.
El proyecto «alude a la mochila austríaca», el modelo de referencia, a su vez tomado de un modelo noruego que tiene muchos años llamado flexiseguridad, que todos los gobiernos de derecha y neoliberales europeos intentan promover, y que fracasan porque la realidad de noruega es incluso alejada de otros estados europeos, imaginemos lo lejos que está de la realidad argentina: a niveles salariales, de empleo, impositivos», reniegan los abogados laboralistas.
Teddy Karagozian, dueño de TN Platex, e integrante de la UIA Joven, es el empresario del cual surgió la idea y afirma que «los empleados también percibirán beneficios con ésta modalidad. Muchas veces (las empresas) por no tener liquidez, negocian quitas para despedir con menores costos (para preservar la empresa), o incluso despiden «con causa» para intentar «postergar el momento de pago de la indemnización», agregó. También destacó los casos de las empresas que se presentan en concurso de acreedores o quiebran y dejan a los empleados sin cobertura ante el despido o con juicios donde deben soportar años litigando por sus derechos. Desaparece la distinción entre despido «con y sin causa», como también si fue la empresa que lo despide o la persona que prefirió renunciar pues en ambos casos el empleado tiene y mantiene sus derechos. «No es un fondo de desempleo, es un seguro», aclara.
En el Gobierno creen que, en caso de avanzar, lo harían para nuevos contratos y para el segmento pyme. Desde ese sector hay consenso generalizado de que «a las pymes nos ayudaría mucho, y tal como está planteado, no le quita ningún derecho al trabajador», afirmaron. Sin embargo, aseguraron que no hay que confundir estas ideas con «reformas laborales como las que propone el PRO» e hicieron hincapié en que primero deberían resolverse las «urgencias», como el poder adquisitivo de los trabajadores o el acceso al financiamiento. «Esta cuestión estructural es importante, pero hoy debería estar en otro número de la agenda», concluyó.
