Metrodelegados recusó a fiscal que sostiene que pertenecer al gremio es una “asociación ilícita”

Este lunes la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) confirmó que presentó un pedido de recusación contra la fiscal Celsa Ramírez, quien imputó a siete trabajadores del con la “insólita calificación” de “asociación ilícita” por el hecho de estar afiliados al gremio.

Ramírez fue recusada por el sindicato por falta de objetividad, “al mostrar enemistad manifiesta y encono contra las organizaciones sindicales, violentando con sus planteos la normativa constitucional no sólo en torno a los principios de legalidad e inocencia sino también en lo que hace a las garantías propias del derecho colectivo del trabajo”.

El secretario General de AGTSyP, Roberto “Beto” Pianelli, consideró: “La Fiscal macrista Celsa Ramírez califica de «Asociación Ilícita» la afiliación a nuestro Sindicato . Así, literal, imputó a trabajadorxs del subte por el art. 210 del Código Penal. Es tal la impunidad que no tienen inconvenientes en pasar por ignorantes, con tal de cumplir los deberes de la línea política oficial”. Y añadió: “Merece el repudio de todos los ámbitos del derecho y la justicia”.

Fragmentos de la acusación presentada por Ramírez dicen: “Nos hallamos ante una organización que tiene como único propósito o razón de ser la interrupción de los servicios de transporte público”. Más adelante sostiene que “resulta claro que los acusados pertenecen a una agrupación que tiene como propósito llevar a cabo actividades como las que motivan esta pesquisa, es decir, las conductas ilícitas previstas en el art. 194 del Código Penal”. Y luego: “Que el art. 210 pena con prisión o reclusión de tres a diez años, al que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinadas a cometer delitos por el sólo hecho de ser miembro de la asociación”.

Desde la AGTSyP se sostiene que se trata de una acusación “absurda y arbitraria” y que los argumentos que esgrime Ramírez “no se corresponden con la actuación objetiva y fundada que una fiscal debe tener en un estado de derecho”.

La recusación deberá ser resuelta este jueves por el Juez Roberto Tavosnaska, del Juzgado penal n° 17 de la Ciudad.