El conflicto que llevan adelante los trabajadores judiciales de la provincia de Mendoza contra las políticas del gobernador radical Alfredo Cornejo ya entró en su tercera semana. El lunes de esta semana se decidió en asamblea continuar con la medida lanzada hace 15 días en reclamo de mejoras salariales y de las condiciones de trabajo.
El viernes de la semana pasada, después de que los gremios del sector rechazaran las propuestas oficiales de recomposición salarial, Cornejo decidió de manera unilateral otorgar un aumento por decreto. La medida se oficializó con la resolución 947, publicada en el Boletín Oficial de la provincia, que estableció un aumento de 10%, no acumulativo, sobre «la asignación de clase para los meses de abril, mayo y junio de 2024, respectivamente, calculados sobre la base fija del mes de diciembre de 2023».
El intento de cerrar la paritaria por decreto (incluso definiendo un aumento menor que el ofrecido previamente) sólo reforzó la decisión de los trabajadores judiciales de continuar con sus reclamos. Voceros del sector explicaron que los judiciales de Mendoza tienen sueldos mucho más bajos que sus pares del resto del país, por estar «desenganchados» de los aumentos de la Corte Suprema, que se aplican a los judiciales, y cobrando «alrededor de 300 mil pesos», cifra por debajo de la línea de indigencia. En este sentido, destacaron que desde enero del 2023 ya perdieron un 240% de poder adquisitivo
Ricardo Babillón, secretario General de gremio en la provincia, explicó: «Los judiciales no hemos aceptado las paritarias porque entendemos que entrar en conflicto cada tres meses para discutir uno o dos puntos no le sirve a nadie, ni a la administración del Estado ni a los judiciales. Y la única manera de llegar a un acuerdo es una mesa de negociación, de conversación entre las partes y no de la manera que lo hace el gobierno, intentando imponer algo y luego retirándose de la mesa».
«Para poder salir de este conflicto, necesitaríamos una propuesta salarial superior a la que está analizando el Gobierno, pero fundamentalmente que la Corte asuma su rol de patronal y que nos sentemos a dialogar sobre una nueva carrera judicial que esté atada a la remuneración proporcional de los empleados con la responsabilidad sobre un proceso jurídico», concluyó el gremialista.
Los trabajadores judiciales de varias otras provincias también se encuentran en conflictos, por reclamos salariales pero también por planes de reforma de los gobiernos provinciales sobre sus convenios. Es el caso de San Luis, Santa Cruz, La Pampa, Santa Fe, San Juan. En el caso de los judiciales de Río Negro, donde la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (SITRAJUR) se encuentra en conflicto desde la presentación del proyecto de ley 576/2023, que reforma la ley orgánica del Poder Judicial, argumentando que la iniciativa está viciada ya que no menciona en sus fundamentos la reforma de la ley 5009 de convenio colectivo, lo que violaría la competencia del Poder Legislativo, que no podría inmiscuirse en el Poder Judicial. Al respecto, advierten que la aprobación de la iniciativa desvirtuaría la negociación colectiva y atentaría contra los derechos de los trabajadores judiciales.
Más en general, se confirma la tendencia a la agudización de los conflictos de los trabajadores estatales en las distintas provincias, por el impacto que tiene el profundo ajuste que aplicó el Gobierno de Javier Milei sobre las partidas. Como ejemplo máximo de esta dinámica se cuenta la provincia de Misiones, donde tras varias jornadas de luchas de docentes y de la Policía provincial, este miércoles trabajadores de sanidad están llevando adelante una ocupación pacífica del Ministerio de Salud, con apoyo de las fuerzas policiales.
