Fue luego de que el Gobierno extendiera a través de un decreto la prohibición de despidos injustificados y extendiera el plazo de la doble indemnización. Desde la entidad empresaria decidieron hacerle llegar los reclamos del sector dado que consideran la medida oficial como “otra traba” para el despegue de la economía que viene en lenta recuperación y sólo para algunos sectores.
Luego de la publicación en el Boletín Oficial de la prórroga por 90 días de la normativa que prohíbe los despidos y extiende la obligatoriedad del pago de una doble indemnización, decidieron poner en papel los datos del impacto tanto de la crisis generada por la pandemia de coronavirus como del impacto de las políticas laborales que impulsa el Gobierno.
En la misiva la organización que conduce Miguel Acevedo le llamó el “triple cepo” al combo que según ellos que implica la prórroga del esquema de prohibición de despidos y suspensiones, sumada a la doble indemnización y allí plantean en un duro tono un escenario de incertidumbre sobre el marco regulatorio que regirá a las nuevas contrataciones de personal y dificultan la recuperación de la economía.
Según el empresariado las medidas tampoco contribuyen a la recuperación del empleo formal, cuestión que también mencionan en el texto. «Lo que se pretende con esta nota es entender que la emergencia ocupacional, que viene desde diciembre de 2019 y se ha decidido automáticamente prorrogarla hasta fin de 2021, no está mirando la realidad de los mercados productivo y laboral” ni contempla “los requerimientos de productividad y las variaciones que pueden haberse derivado», afirmó, Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de asuntos laborales e internacionales de la UIA, y uno de los dirigentes más críticos de las medidas.
«La carta explica, con indicadores económicos, por qué consideramos que esta prórroga no es buena para el empleo. Obviamente esperamos que las autoridades la consideren y empecemos en conjunto a elaborar una política de promoción del empleo, que es la prioridad del país en los próximos años», explicó Carolina Castro, prosecretaria de la UIA.
Aparte, el texto hace alusión a los mayores costos no laborales que las empresas debieron asumir en el último año, a causa del brote y para responder al ausentismo tras la resolución N°207/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que determinó que aquellas personas de riesgo quedan exceptuadas de concurrir al trabajo y exige una “política industrial” que dé más certezas y planificación que de previsibilidad frente a nuevas contrataciones.
El empresariado no es la primera vez que se plantan con durísimas críticas al Gobierno frente a sus políticas. Lo hizo con el intento de estatización de la cerealera Vicentín. También con el Impuesto a las Grandes Fortunas. Tuvo y tiene sus tensiones por la extensión de los precios máximos y ahora vuelve a la carga con la prórroga de prohibición de despidos y doble indemnización.
Hay que tener en cuenta que el reclamo se da también en un contexto donde el Gobierno ha terminado con su política de subsidios y ayuda para empresas como fue el ATP, herramienta que fue bienvenida para el pago de sueldos en tiempos de aislamiento social obligatorio pero que fue discontinuada por la necesidad de equilibrar la política fiscal, pese a que la recuperación no ha sido la esperada sobre todo el algunos sectores que todavía sufren la crisis de lleno.
