En el grave contexto que las medidas del Gobierno de Javier Milei vienen generando para la producción nacional, en los últimos días varias empresas presentaron el Proceso Preventivo de Crisis (PPC), una herramienta legal por la que, ante dificultades financieras, el Estado puede autorizar importantes reducciones de personal pagando sólo el 50% de las indemnizaciones correspondientes. El mecanismo, ya aplicado en distintos sectores, fue cuestionado en duros términos por los gremios, que denuncian que se falsean las crisis financieras para aumentar los márgenes de ganancia empresariales.
Entre las empresas que presentaron PPC se cuentan Vicentin, que viene arrastrando polémicas desde que presentó quiebra después de que se le prestaran millones de pesos desde el Banco Nación durante la administración de Mauricio Macri. En las últimas horas el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) del Departamento San Lorenzo manifestó su preocupación por el destino de la empresa y la posible perspectiva de cerca de 1200 despidos si se formaliza el PPC, anticipando que de avanzar en esta eventualidad tomará acciones directas para defender los salarios y los puestos de trabajo.
“Cuando pedíamos mejoras para los trabajadores decían que no tenían plata y amasijaban 1500 Millones de dólares. No vamos a entrar en un juego político, nuestra posición es defender a los trabajadores y su salario. Antes de hablar del futuro de los trabajadores, que el Ministerio haga su trabajo, que pida los balances y las proyecciones para ver si cumple con los requisitos de un PPC”, puntualizó el secretario General del SOEA Daniel Succi.
“No vamos a permitir que se generen negocios con el esfuerzo y la vida de las familias aceiteras, sea el nombre que sea. Nuestro compromiso es con los trabajadores, sus familias y la comunidad”, remarcaron desde el gremio, asegurando que las medidas de fuerza no se limitarán a Vicentin sino que involucrarán a los 17 puertos del cordón industrial y sus respectivos centros fabriles.
También se supo este lunes que la principal productora de pollos del país, Granja Tres Arroyos, logró autorización oficial para su PPC en la planta de Ezeiza (ex Cresta Roja), para “reducir los costos operativos”. Pero la medida podría extenderse a otras de las plantas de la empresa, como la que tiene en Concepción del Uruguay. Según trascendió, la empresa buscaría una reducción de 700 puestos de trabajo o bien una reducción de pagos adicionales equivalentes al 21% de los sueldos.
En las últimas semanas, el Gobierno nacional amenazó con aplicar un PPC sobre Aerolíneas Argentinas y, algunos meses atrás, desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de la Argentina (Sutna), habían denunciado que empresas del sector como Fate y Bridgestone estaban utilizando la misma estrategia para, después de acumular años de ganancias millonarias, reducir sus plantillas laborales.
