Más allá de los supuestos logros económicos de los que presume la administración de Javier Milei, lo cierto es que la recuperación económica prometida no parece estar impactando en la actividad productiva real. En los últimos días se anunciaron despidos en numerosas empresas y organismos del ámbito privado y estatal.
La arenera NRG, que brinda servicios a empresas petroleras de la cuenca neuquina, anunció en los últimos días 181 despidos entre trabajadores petroleros y camioneros por una brutal caída de ventas. Tras una audiencia en la Secretaría de Trabajo provincial, se abrió un cuarto intermedio (aunque sin dictar la conciliación obligatoria) por el que por el momento se suspendieron las cesantías, al menos hasta la nueva audiencia que tendrá lugar el próximio martes.
En el sector acerero, que en este momento está transitando una dura paritaria con la Rama 21 (siderúrgica) de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), se confirmó una nueva tanda de despidos en empresas como Acindar, Ternium y Tenaris-Siderca, del Grupo Techint. Se estima que en los próximos días podrían producirse hasta 300 despidos en Acindar y otros 200, entre empleados directos y tercerizados, en Tenaris. Ternium, por su parte, anticipó un recorte de 15% en sus gastos operativos, aunque sin precisar aún qué sectores afectará la medida.
El Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Aceite (SOEIA) denunció también que la empresa Dorada SA anunció el cierre de su fábrica en la localidad bonaerense de Lavallol, Lomas de Zamora, donde se elabora margarina y aceite a granel. La empresa confirmó en una audiencia con la cartera laboral bonaerense su intención de trasladarse a la provincia de Córdoba, por lo que 150 trabajadores perderían sus puestos de trabajo.
En el sector comercio, se confirmaron en las últimas horas una veintena de despidos de repositores de Arcor en la provincia de Córdoba, todos contratados a través de la agencia Solvens, luego de que la empresa aprovechara el dictado del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), que le permite avanzar con las desvinculaciones pagando indemnizaciones mucho menores.
En el sector estatal, el Gobierno de Javier Milei continúa con los despidos, el ajuste y el recorte de presupuestos a diversos organismos. Esta semana se informó el “pase a disponibilidad” de unos cinco empleados de planta permanente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), en el marco de un plan de cesantías que alcanzaría a 40 trabajadores.
En el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el oficialismo también aplicó la motosierra y, después de paralizar proyectos y avanzar con retiros voluntarios y jubilaciones forzadas, ahora se busca vender o concesionar más de 27 mil hectáreas (gestionadas por una veintena de estaciones experimentales del organismo), en distintas provincias, lo que se traduciría en cientos de cesantías.
También se produjo un fuerte recorte en el financiamiento de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la sociedad anónima con mayoría de capitales estatales VENG (Vehículo Espacial Nueva Generación), que busca desarrollar el proyecto Tronador para construir un lanzador nacional de satélites. Según detallaron trabajadores del organismo, el Gobierno redujo el presupuesto para el sector en un 40% en términos reales. En lo que va del año ya se concretaron 10 despidos de contratados en el sector, pero el ajuste podría implicar decenas de nuevas pérdidas de puestos de trabajo de los 650 que integran las plantillas de ambas entidades.
Por otra parte, en los últimos días el Ministerio de Justicia anticipó despidos a estatales del Registro de la Propiedad del Automotor, por haber participado de una medida de fuerza contra los “retiros voluntarios” y despidos encubiertos impulsados por el titular de la cartera, Mariano Cúneo Libarona. El titular de ATE nacional Rodolfo Aguiar denunció que el intento de avanzar con estos supuestos “despidos con justa causa” constituye una forma de “pisotear la Constitución Nacional” y propuso avanzar con un juicio político contra el funcionario.
