El Gobierno nacional de Javier Milei acelera el desmantelamiento de diversas dependencias del Estado, lo que implica no sólo la desaparición de herramientas insustituibles de la administración pública sino también seguir sumando despidos de trabajadores estatales. En los últimos días se redujo en dos tercios la planta de trabajadores de la Defensoría del Público y se confirmó la intención oficial de desmantelar definitivamente la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH), responsable de los Sitios de la Memoria, entre otras áreas.
“Lo que está haciendo este gobierno es inhumano”, denunció la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida. Frente a esta ofensiva, organismos de derechos humanos, gremios y organizaciones sociales convocaron para las 17 de este viernes a un abrazo al Espacio Memoria y Derechos Humanos que funciona en lo que fuera el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde la SDH tiene su sede.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denuncian que el ataque contra los Espacios de la Memoria podría implicar hasta 600 despidos o suspensiones. La SDH ya sufrió cerca de 200 despidos desde el inicio de la gestión libertaria. El Ministerio de Justicia que encabeza Mariano Cúneo Libarona, de la que depende la SDH, ya despidió a casi 400 trabajadores y anunció un plan de retiros para 2231 trabajadores contratados en el marco del ente cooperador Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), incluyendo a 200 empleados de la SDH. Días atrás se llevó adelante una protesta de ATE precisamente frente a la cartera de Justicia, una de las que más aplicó la “motosierra” sobre sus plantillas.
En cuanto a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA), dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger, en las últimas horas se confirmaron otros 104 despidos. El secretario General de ATE Nacional Rodolfo Aguiar denunció: “Rechazamos este centenar de cesantías ilegales que le pone fin a la comunicación democrática en el país y allana el camino para los propios ensobrados que el Gobierno quiere tener”.
ATE movilizó contra las «pruebas de idoneidad» y crece la preocupación por otra ola de despidos
“Con esta medida, terminan de aniquilar el derecho a la comunicación democrática que tienen las audiencias de todos los medios de comunicación audiovisuales. Se quiere evitar que los medios y periodistas oficialistas sean denunciados. Quieren impedir todo tipo de reclamo de parte de las audiencias. Se trata de un verdadero ataque a la democracia. Sin lugar a dudas esta es una decisión que está orientada a fortalecer el relato fantasioso de un Gobierno que pretende hacernos creer que es el mejor de la historia, pero con sus políticas en tan solo 12 meses deterioró de manera grave las condiciones de vida de toda la gente”, añadió el dirigente.
En estos días el Gobierno también confirmó 50 despidos en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). Pero, más en general, ATE se encuentra en alerta por otros 57.513 trabajadores del sector público cuyos contratos vencen a fin de mes, que el Gobierno buscaría desvincular definitivamente, en su mayoría contratados en el marco del art. 9° de la Ley de Empleo Público (Resolución 48/02), monotributistas de locación de obras y servicios, contratados bajo entes cooperadores u organismos de crédito internacional, pasantes y otras figuras eventuales.
