Esta semana el Gobierno nacional presentó un informe sobre los avances del Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) que confirma que entre julio de 2020 y febrero de este año se recibieron 2.093.850 inscripciones. El 35,7% de los inscriptos se encuentra en provincia de Buenos Aires.
El ReNaTEP fue implementado en julio del 2020, en el marco de la Ley de Emergencia Social aprobada en 2016, buscando la formalización de una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que sobreviven con trabajos en la economía popular, ubicándose por fuera de las actividades asalariadas tradicionales, que en la mayoría de los casos ven vulnerados sus derechos sociales, laborales y productivos.
La presentación fue realizada por el Ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo y el secretario de Economía Social Emilio Pérsico el lunes de esta semana, por videoconferencia. También expusieron el director nacional de Economía Social y Desarrollo Local Pablo Chena y la directora del Registro Nacional de Efectores Sonia Lombardo. Estuvieron presentes los subsecretarios de Economía Social Alejandro Gramajo y Daniel Menéndez, así como referentes de organizaciones y movimientos sociales de todo el país.
Durante el evento se destacó que hubo una “inscripción masiva en poco tiempo”, que además tuvo un alcance federal y con una importante paridad de género. La gran mayoría de los inscriptos son jóvenes y personas de mediana edad (un 34,8% entre los 25 y 35 años y un 29,5% entre 18 y 24), un sector al que habitualmente se le dificulta el ingreso al mercado laboral formal por falta de oportunidades.
Arroyo explicó: “Nuestro verdadero objetivo es recuperar una idea central: gobernar es generar trabajo. Para eso necesitamos cruzar a la economía popular con acceso a derechos y movilidad económica, siempre pensando que la mejor forma de reconstruir la Argentina es por el lado del trabajo y la producción”.
Pérsico, por su parte, destacó: “Nuestro principal objetivo es dar luz y blanquear un mundo de trabajo no registrado y el ReNaTEP es un inicio para eso; es una política que se ha trabajado de abajo hacia arriba, impulsada por las organizaciones sociales. Más de 4.5 millones trabajadores y trabajadoras hoy viven en esa oscuridad inventándose el trabajo todos los días por eso hay que construir derechos de otra forma y una manera de hacerlo es reconociéndolos”. Y agregó: “Hay que construir derechos de otra forma y una manera es reconociendo a las trabajadoras y los trabajadores de la economía social popular”.
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En relación con la distribución territorial de las inscripciones, se destaca que la mayoría pertenecen a la provincia de Buenos Aires (35,7%), seguida por Chaco (5,6%), Tucumán (5,5%) y Salta (5,2%). Un análisis por rama de actividades muestra un predominio de Servicios Socio Comunitarios, Servicios Personales y Otros Oficios, que concentran el 60% de las inscripciones. “Es posible afirmar que la gran cantidad de trabajadora/es inscriptos/as en la rama socio comunitaria, esté relacionada con la coyuntura de emergencia social y alimentaria producto principalmente del proceso de recesión económica sostenida desde mediados del año 2018 y profundizada -en términos económicos, sociales y sanitarios- por los efectos de la pandemia de Covid-19”, detalla el informe.
Respecto de la cuestión de género, se destacó que el 57,1% de las inscripciones corresponde a mujeres, una cifra que contrasta claramente con la de los trabajadores registrados, de clara predominancia masculina, lo que marca el fuerte componente femenino de la economía popular. Esta mayoría de mujeres se incrementa además en las ramas de actividad y ocupaciones vinculadas a los cuidados mientras que se reduce en aquellas asociadas tradicionalmente al trabajo masculino. En este sentido, el informe subraya: “Es decir que al interior de la economía popular registrada se reproduce la misma división sexual del trabajo que en el mercado laboral formal, ratificando la desigualdad de géneros que existe en la sociedad en su conjunto”.
En cuanto a edades, más de la mitad de los inscriptos son jóvenes de entre 18 y 35 años y, en términos educativos, se confirma que “la mayoría no ha podido culminar los estudios obligatorios, es decir no tiene completado el nivel secundario, establecido por ley como obligatorio para toda la población”.
