Para contratar gente y generar empleo genuino como pretende el Gobierno, los empresarios otra vez recurren a un viejo “libreto” que ha sido rechazado una y mil veces por sindicalistas y funcionarios: la reforma laboral.
En en día de los anuncios de acuerdo con el FMI, hay un resquicio para el reclamo, que si bien, no estaría condicionado por la situación económica general -y las exigencias del Fondo-, se imponen por la realidad del mercado laboral e inician su puja, entre los distintos sectores en cuestión.
Presionados por la alta inflación, los gremios piden abrir ya las paritarias 2022 – Estado de Alerta
Hace algunos meses que desde el sector industrial se pedían certezas sobre la prolongación del decreto que prohibía los despidos y establecía la doble indemnización. Con la medida levantada a partir del 1° de enero, se vienen medidas que preocupan respecto a las consecuencias que se puedan generar, en momentos en que la pandemia nuevamente hace estragos en el ámbito laboral.
El ausentismo, el aislamiento de los contagiados y contactos estrechos, y el alcance de la cobertura de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo fueron los temas urgentes que impuso la coyuntura y que los empresarios debatieron con el Gobierno durante éstos últimos días, intercambios que aprovecharon para deslizar la necesidad de una urgente “reforma laboral”.
El mismo titular de la Unión Industrial Argentina señaló que los líderes de las principales compañías del país “piden mayor flexibilidad para despedir y contratar personal por dos años; una reducción en los aportes patronales; activar un plan de jubilación anticipada para “rotar” al personal mayor de 60 años que no se logró reincorporar por la pandemia, y una suerte de pase sanitario o permiso para hacer un autotest de Covid en las fábricas”.
Ya la misma palabra “reforma” genera un rechazo automático tanto el el Gobierno como en los sindicatos, más allá de que asumen que deberá haber una adaptación a las nuevas formas de trabajo y las nuevas demandas laborales actuales.
Los gremios son conscientes de que la informalidad laboral y la licuación salarial son preocupaciones urgentes a atacar, pero están a la zaga de que eso no signifique “pérdida de derechos” ni “precariedad laboral”. Por el contrario, están empeñados en no retroceder un paso más que los que ya “la inflación les hace retroceder”.
En ese sentido, tanto empresarios como sindicalistas coinciden en algunas cuestiones: “reclaman en conjunto certezas al Gobierno sobre la inflación y piden garantías para mantener la producción en caso de que la pandemia se desborde”. Tienen además por ahora una “postura común sobre la negociación por la deuda con el FMI: hay que evitar el default”.
Con paritarias inciertas, el Gobierno, los empresarios y los sindicalistas están atentos al acuerdo y al tiempo del acuerdo. Es por eso que fuera de cámara, desde los tres sectores reconocen que: “es probable que las primeras paritarias del año, se aplacen con pagos a cuentas hasta abril, cuando haya algún viso de lo que pueda ocurrir con el acuerdo y las consecuencias que de ello deriven”.
