Si el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Recuperación Productiva termina convirtiéndose en ley este viernes, luego de la aprobación en el Senado, el presidente Alberto Fernández quedará facultado para aprobar un bono de emergencia también para los trabajadores privados, además de los contemplados en el proyecto para jubilados y beneficiarios de la AUH. El acuerdo al respecto, aunque no hay un monto ya definido, se logró este jueves en una reunión entre representantes del Poder Ejecutivo y distintas delegaciones gremiales.
Por el lado del Gobierno, no estuvo presente Fernández, pero sí el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el ministro de Trabajo Claudio Moroni, el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz Gustavo Béliz. En representación de los distintos sectores gremiales estuvieron los co titulares de la Confederación General del Trabajo (CGT) Carlos Acuña y Héctor Daer, además de Gerardo Martínez (UOCRA), Sergio Palazzo (La Bancaria), Omar Viviani (peones de taxis); Omar Maturano (La Fraternidad) y Hugo Moyano (Camioneros). También hubo referentes de la CTA de los Trabajadores, como Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy (ATE-Capital) y de la CTA Autónoma como Roberto Peidro.
Según informaron desde la CGT, la reunión tuvo el objetivo general de “abordar los temas que hacen a la problemática por la que atraviesan los trabajadores y trabajadoras, y las líneas de acción, con las prioridades hacia quienes peor están, que impondrá en su agenda el Gobierno del compañero Alberto Fernández”.
Diputados dio media sanción al proyecto de Ley de Solidaridad Social
Desde la Central Obrera destacaron coincidencias en cuanto a que “el principal problema que aqueja a la Argentina es su endeudamiento externo, cuyas obligaciones a corto plazo van en línea contraria al necesario despegue económico que requiere la Argentina para luego, así, mitigar la problemática social”. A ese respecto, enfatizaron que es “absolutamente necesario poner en funcionamiento el engranaje productivo, a la vez que atacar los problemas sociales como la pobreza y el hambre que hoy asolan al 40% de la población”.
Los gremialistas también coincidieron en defender el decreto que estableció la doble indemnización por 180 días para los despidos sin causa, considerando que “va en línea con el mantenimiento de las castigadas fuentes laborales y con la lucha contra la pérdida del poder adquisitivo”.
En cuanto al bono para los trabajadores privados, desde la CGT aseguraron que el propio Moroni “anunció la puesta en marcha de un aumento de una suma fija remunerativa para todos los trabajadores y trabajadoras privados en el mes de enero, a cuenta de aumentos”, aclarando que “la discusión paritaria se mantiene vigente y sin obstáculo alguno para la discusión entre empleadores, trabajadores y trabajadoras”.
Uno de los puntos críticos que enfatizaron los representantes gremiales tuvo que ver con que en el proyecto de ley ómnibus que se está discutiendo en el Parlamento no se hayan sumados medidas respecto de la situación de las obras sociales sindicales, que atraviesan una situación “crítica”, con dificultades “para mantener la prestación de salud, que se ha encarecido en costos y aumentado en prestaciones en desmedro de los aportes que, como salario diferido, los trabajadores y trabajadoras hacen al Sistema de Seguridad social”.
