Desde el gobierno nacional confirmaron su intención de avanzar con la toma de un examen de “idoneidad” para todos los trabajadores de la administración pública, que previsiblemente se utilizará también como excusa para continuar con los recortes de la plantilla de trabajadores estatales que viene llevando adelante la gestión de Javier Milei desde el momento mismo de su asunción, en diciembre pasado. Los distintos gremios de trabajadores del Estado cuestionan de diferente manera esta nueva herramienta para la reducción de personal de organismos estatales.
Dentro de esta discusión la Asociación del Personal Legislativo (APL), que conduce Norberto Di Próspero, rechazó las acusaciones del Diputado Nacional Martín Tetaz, Presidente de la Comisión Laboral del Congreso solidarizándose con los trabajadores y repudiando el cuestionamiento a la capacidad y la preparación del personal legislativo de ambas cámaras.
Por su parte el gobierno nacional, implementaría exámenes de “Evaluación General de Conocimientos y Competencias” de carácter obligatorio a partir del 1° de diciembre para unos 40 mil empleados públicos cuyos contratos vencen el 31 de ese mes. Desde la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger, anticiparon que allí se evaluarán aptitudes básicas en comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y administración pública, con pruebas específicas para tres niveles de trabajadores estatales: Servicios Generales, Administrativos y Profesionales.
Asimismo APL, no se manifestó especialmente preocupada por la evaluación de idoneidad, ya que el gremio tiene una aceitada capacidad de negociación directa con los interlocutores de las distintas gestiones de gobierno para conseguir las mejores condiciones posibles para los trabajadores del sector, además de manifestar seguridad respecto de la formación del personal legislativo para afrontar estas evaluaciones.
En cuanto a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), comandada por Andrés Rodríguez, que viene firmando acuerdos salariales a la baja, ya anticipó que no se opondrá totalmente a estas evaluaciones, recomendando a sus afiliados comenzar con la lectura de las guías de orientación y a los delegados a contribuir a evaluar las consultas al respecto. Por último, desde el sector de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que lidera Rodolfo Aguiar, se rechazó de plano esta iniciativa de evaluación gubernamental, considerándola como un “invento para seguir estigmatizando y despidiendo de manera ilegal”.
