Luego del devastador temporal que golpeó a Bahía Blanca, generando miles de evacuados, por lo menos 16 muertos y casi 100 personas desaparecidas, comenzaron a multiplicarse las críticas al Gobierno nacional por sus responsabilidades en lo que hace a infraestructura, prevención y atención de la catástrofe. En las últimas semanas, en el marco de los continuos recortes de personal y cierre de organismos, la cartera de Capital Humano había cerrado la Dirección Nacional de Emergencias (DNE). También se habían efectuado despidos en el Servicio Meteorológico Nacional, por lo que las alertas llegaron demasiado tarde.
En cuanto a la DNE, la cartera que encabeza Sandra Pettovello había despedido pocos días atrás a sus 485 trabajadores, responsables de brindar asistencia en zonas golpeadas por catástrofes. La ministra que tenía bajo su órbita esa dependencia vital de respuesta inmediata ni siquiera concurrió a la zona de desastre, limitándose a enviar algunos productos de higiene y materiales de construcción. Según trascendió, también se enviaron 80 colchones, para una situación en la que hay miles de evacuados. Pese a las sucesivas denuncias y fallos judiciales sobre la mercadería retenida en los depósitos de Capital Humano, tampoco se enviaron alimentos.
Tras las denuncias por la eliminación de este organismo central para atender catástrofes, la administración de la provincia de Buenos Aires le planteó a Pettovello un pedido formal de asistencia para la situación en Bahía Blanca, recordando también que en los últimos dos años cerca de 50 municipios bonaerenses fueron afectados por inundaciones. La cartera de Capital Humano defendió la decisión del cierre de la DNE argumentando que había una “superposición de áreas” y que ahora la respuesta a emergencias está a cargo del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), dependiente del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.
También se denunció la absoluta deserción del Estado bajo este Gobierno en lo que hace a obra pública o cuestiones vinculadas con infraestructura, no sólo en lo que hace a canalizaciones o defensa contra las inundaciones sino también en el mantenimiento de rutas y caminos, cuyo descuido en estos días complicó severamente las tareas de asistencia a Bahía Blanca.
En cuanto al Servicio Meteorológico, que para Bahía Blanca registró un récord de más de 200 milímetros de lluvia caída en menos de cuatro horas, pero cuyas alertas fueron tardías, se confirmó que desde el inicio de la gestión de Javier Milei la motosierra golpeó duramente al organismo. Según datos difundidos por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en marzo del año pasado se produjo un recorte del 20% de los 670 trabajadores del organismo, a pedido del ministro de Defensa Luis Petri, bajo cuya órbita se encontraba el organismo. Hasta el día de hoy el director del SMN Alejandro de la Torre sigue sin “designación oficial”, confirmaron.
El despido de los pronosticadores impactó fuertemente en la emisión de pronósticos, notificaciones del Sistema de alertas tempranas, avisos de cenizas volcánicas y reportes marítimos y costeros, entre otras advertencias fundamentales. Además, el despido de pronosticadores aeronáuticos impacta directamente en el tráfico aéreo, aumentando los riesgos para el pasaje.
Esta ofensiva contra el SMN no sólo se vincula con el plan de recortes de toda la plantilla de trabajadores estatales, sino también con algunas definiciones ideológicas de la administración de La Libertad Avanza que, siguiendo los lineamientos del presidente estadounidense Donald Trump, se ubica como negacionista del cambio climático. En el caso de Estados Unidos esto ya se tradujo en el borrado de datos climáticos clave de las centrales federales. En nuestro país, Milei anticipó sus intenciones de desfinanciar iniciativas e investigaciones sobre el tema, toda una construcción de conocimiento científico que podría contribuir a mitigar el impacto de fenómenos como el que golpeó dramáticamente a Bahía Blanca.
