Luego del anuncio presidencial que confirmó la expropiación de la empresa santafecina Vicentín, la Unión Recibidores de Granos y Anexos de República Argentina (URGARA) que conduce Pablo Palacio, expresó su apoyo a la decisión del Gobierno nacional de intervenir la firma.
El dirigente argumentó su postura en que «al tomar el estado de intervención se genera “certidumbre a los trabajadores” que se desenvuelven en las empresas del grupo, que estaban con dificultades para cobrar los salarios», señaló Palacio.
Para el sindicalista, “Vicentin venía en un proceso sospecho de cesación de pagos, financiándose con los bancos nacionales, enajenando sus activos e inmediatamente presentándose en convocatoria de acreedores. Todas maniobras por lo menos sospechosas”.
Asimismo, Palacio aseguró que “es el Congreso Nacional en definitiva el que va a terminar debatiendo en qué términos avala el proyecto del gobierno y remarcó que “el Estado tiene la responsabilidad de resguardar los intereses de los trabajadores y de los acreedores», finalizó.
En ese contexto el sindicalista expresó que confía “en que se pueda generar un marco regulador”, y resaltó la prioridad de que “se garanticen los puestos de trabajo y que se genere la protección que necesitan esos activos para que no se transforme en incobrable para los acreedores”.
Además, Palacio insistió en la importancia de “garantizar la posibilidad de recuperar el dinero del Estado mal puesto en una empresa insolvente, que no debería estar en esa posición siendo el sexto exportador del sector”, y sostuvo que “los funcionarios que actuaron y dieron los créditos van a tener que rendir cuentas”.
En cuanto al término de «expropiación» que está en debate, Palacio destacó: «Tomar el control de las acciones de la empresa a través de una empresa estatal como YPF, no sé si implica el ‘expropiación” y sin prestar atención al término, señaló que es “necesario que se tome el control de la empresa por el bien de la actividad».
