En medio de las tensiones que atraviesan el Frente de Todos, el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, en conjunto con un grupo de diputados de extracción sindical y de los movimientos sociales, presentaron un proyecto de ley para que el Poder Ejecutivo arbitre los medios y adelante la suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil prevista para diciembre, al mes de julio.
«Se solicita al Poder Ejecutivo el adelantamiento de los aumentos pautados en la Resolución 4/2022 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social», en un intento de los diputados nacionales de llevar el salario mínimo a $47.850 en julio próximo, una decisión que permitirá «se supere efectivamente el índice inflacionario vigente y proyectado».
De acuerdo al cronograma de aumentos sellado en el Ministerio de Trabajo que conduce Claudio Moroni, el salario mínimo debería ser de $38.949 en este mes, $42.240 en junio, $45.540 en agosto y de $47.850 en diciembre, por lo que el incremento alcanzaría un 45%.
Con las previsiones de aumentos de precios para este año, «la pérdida del poder adquisitivo por el aumento de precios evidencia la necesidad de adoptar medidas urgentes». Ya en el primer trimestre del año la inflación acumulada refleja un 16,1%. «Si proyectamos que el ritmo del incremento de precios se mantiene a esta velocidad, para el mes de diciembre habría totalizado un porcentaje mayor al 60%, ampliamente superior al incremento del salario mínimo vital y móvil pautado», aseguraron desde el kirchnerismo en una nueva embestida al ministro Guzmán.
El proyecto, que lleva la firma de los diputados: Máximo Kirchner, Vanesa Siley, Hugo Yasky, María Rosa Martínez, Sergio Palazzo, Claudia Ormachea, Carlos Ponce, Natalia Zaracho, Federico Fagioli, Verónica Caliva, Pablo Carro, Carlos Cisneros, Juan Carlos Alderete, menciona además el antecedente de la Resolución 6/2021, cuando la cartera de Trabajo también decidió anticipar los plazos de pago de los aumentos salariales previstos entonces en abril de 2021.
El salario mínimo es “la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”, argumentaron desde el bloque y reforzaron el compromiso como espacio político de «proteger el salario de las trabajadoras y los trabajadores, lo que implica que los mismos le ganen a la inflación y se recomponga el poder adquisitivo».
