El decreto que apuntaba a frenar los despidos, firmado a principios de noviembre por el Gobierno nacional, en el marco de la negociación con la Confederación General del Trabajo para tratar de evitar un nuevo paro nacional, quedó completamente desactivado al no ser reglamentado por el Ministerio de Trabajo y Producción a cargo de Dante Sica.
El artículo que proponía un freno administrativo a los despidos, obligando a las empresas a informar al Ministerio de Producción con no menos de diez días de anticipación ante cada decisión de este tipo, era el segundo del DNU 1043/18 que establecía el pago del bono de fin de año de 5000 pesos, acordado con la CGT para frenar un quinto paro nacional a fin de año.
El sistema en teoría iba a estar vigente hasta el 31 de marzo pero finalmente el cajoneo de la cartera de Sica lo condenó a ser letra muerta. Héctor Dáer, cosecretario General de la central obrera, denunció: “El problema de la falta de reglamentación es que los empresarios, en su mezquindad, aprovechan cualquier hueco legal para avanzar con despidos”
El texto publicado en el Boletín Oficial el 12 de noviembre pasado establecía “un procedimiento por el cual los empleadores, antes de disponer despidos sin justa causa de trabajadores con contratos de trabajo por tiempo indeterminado, deberán comunicar la decisión al Ministerio de Producción y Trabajo con una anticipación no menor a diez días previo a hacerla efectiva”. En ese marco, el Ministerio de Producción quedaba facultado “de oficio o a petición de parte a convocar al empleador y al trabajador junto con la asistencia gremial pertinente, a fin de celebrar (durante el plazo de diez días) las audiencias que estime necesarias para considerar las condiciones en que se llevará a cabo la futura extinción laboral”.
El objetivo de la norma era establecer instancias de negociación entre las empresas y los trabajadores que pudieran frenar las cesantías, en el marco de un proceso recesivo que en lo que va del año destruyó cientos de miles de puestos de trabajo formales. El texto también pretendía llenar el vacío existente respecto de los despidos individuales, ya que para las desvinculaciones masivas ya existen protocolos vigentes, entre los que se cuenta la obligación empresaria de convocar a un Procedimiento Preventivo de Crisis.
Luego de la publicación de DNU, la cartera de Sica amenazó con reglamentarlo e incluso hizo circular un borrador sobre el punto, donde incluso se mencionaba que el no cumplimiento del preaviso podría implicar la aplicación de las sanciones previstas en la ley 25.212. Pero nunca se estableció el monto de las multas u otras sanciones previstas, hasta que finalmente fue archivado definitivamente gracias a la no reglamentación oficial, que así manifiesta una vez más su falta de voluntad de luchar realmente contra la vocación empresarial de descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores.
