El discurso de asunción de Alberto Fernández trajo importantes novedades y anticipos respecto de las políticas de recuperación productiva del gobierno del Frente de Todos, comenzando por la necesidad de establecer un nuevo “contrato social de ciudadanía” hasta el proyecto de habilitar créditos para familias endeudadas y Pymes, pasando por el planteo de que al FMI se le pagará cuando el país logre retomar el camino de crecimiento.
El nuevo presidente comenzó proponiendo un nuevo contrato de ciudadanía, lo que “supone unir voluntades y articular al Estado con las fuerzas políticas, los sectores productivos, las confederaciones de trabajadores, los movimientos sociales, que incluyen al feminismo, a la juventud, al ambientalismo”, sectores a los que luego añadió “el entramado científico-tecnológico y a los sectores académicos”.
Alberto denunció que recibe el país en muy malas condiciones “porque se han aplicado muy malas políticas económicas” y prometió el impulso a “un conjunto de medidas económicas y sociales de distinta naturaleza, que comiencen a revertir el rumbo estructural de atraso social y productivo”.
En los próximos días estaremos convocando a los trabajadores, a los empresarios y las diversas expresiones sociales, para la puesta en marcha de un conjunto de Acuerdos Básicos de Solidaridad en la Emergencia, que constituyan el cimiento sólido a partir del cual se vuelvan a encender los motores de nuestra economía. En este sentido, anticipó “medidas para restablecer los indispensables equilibrios macro-económicos, sociales y productivos para que la Argentina se encienda y pueda volver a caminar”.
Entre los elementos negativos de balance del gobierno saliente, detalló: “La inflación que tenemos actualmente es la más alta de los último 28 años. Desde 1991 la Argentina no tenía una inflación superior al 50 %. La tasa de desocupación es la más alta desde 2006. El valor del dólar pasó de $ 9 a $ 63 en solo cuatro años. La Argentina no para de achicar su economía. El PBI de 2019 es el más bajo de la última década. La pobreza actual está en los valores más altos desde 2008. Retrocedimos más de diez años en la lucha por reducir la pobreza. El PBI per cápita es el más bajo desde el año 2009. La deuda externa en relación al PBI está en su peor momento desde el año 2004. La indigencia actual está en los valores más altos desde 2008”.
En cuanto al impacto de las políticas económicas del macrismo en la industria, enumeró: “El nivel de producción industrial hoy es equivalente al del año 2006: retrocedimos 13 años. El empleo industrial registrado tiene el nivel de 2009. La cantidad de empresas es equivalente al nivel registrado en 2007: retrocedimos 12 años. Se cerraron 20 mil empresas en 4 años. De ellas, 4.229 eran empresas industriales. El PBI industrial cayó un 12,9 %, comparando el primer semestre de 2019 contra el mismo período de 2015. 23 de las 24 ramas de la industria bajaron su nivel de actividad en 2018 respecto de 2015. En estos 4 años se perdieron en la industria más de 141 mil empleos registrados del sector privado. En términos interanuales, el empleo industrial registrado lleva 42 meses consecutivos de destrucción”.
El flamante Primer mandatario afirmó que detrás de esos números “terroríficos” hay seres humanos “con expectativas diezmadas”. Y agregó: “Tenemos que decirlo con todas las letras: la economía y el tejido social hoy están en estado de extrema fragilidad, como producto de esta aventura que propició la fuga de capitales, destruyó la industria y abrumó a las familias argentinas”.
Para avanzar en el camino de una “Argentina que crezca e incluya”, propuso tener “una visión de Proyecto Nacional de Desarrollo, en la cual la agroindustria, la industria manufacturera, los servicios basados en conocimiento, las PyMEs, las economías regionales y el conjunto de actividades productivas, sean capaces de agregar valor a nuestras materias primas para exportarlas y potenciar un robusto mercado interno”. Al respecto agregó: “Resulta fundamental recuperar la economía. Una macroeconomía ordenada es una condición necesaria para dejar lugar a la creatividad de las políticas en pos del desarrollo. No hay progreso sin orden económico. Para reordenar a la economía necesitamos salir de la lógica de más ajuste, más recesión y más deuda que se ha impuesto en los cuatro años que hoy acaban. En esa acción de reordenamiento, vamos a proteger a los sectores más vulnerables”.
En cuanto a la deuda externa, Fernández sostuvo que “necesitamos aliviar la carga de la deuda para poder cambiar la realidad” y “volver a desarrollar una economía productiva que nos permita exportar y así generar capacidad de pago”. En ese sentido, planteó que el país quiere honrar la deuda con el FMI pero carece de la capacidad de hacerlo y sólo podrá hacerlo si recupera la senda del crecimiento económico.
También propuso un Proyecto Nacional de Desarrollo que contemple “nuevos ejes para transformar nuestra estructura productiva, con políticas activas que den cuenta del cambio tecnológico vertiginoso que enfrentamos, de la inter-relación entre industrias, recursos naturales y servicios”. En ese marco, destacó que la economía popular y sus movimientos organizados, el cooperativismo y la agricultura familiar “serán también actores centrales de estas políticas públicas”.
Luego planteó la perspectiva de desarrollar “una infraestructura federal de calidad, sostenible y sustentable, promoviendo el desarrollo regional y creando juntos miles de puestos de trabajo en cooperativas de servicio, pequeñas y grandes empresas”, al tiempo que se despliega por el país un Plan de Reactivación de Obras Públicas, por medio de “proyectos de ejecución rápida y con gran empleo de mano de obra local, destinados a mejorar la seguridad vial y la accesibilidad, el ordenamiento urbano y territorial, la construcción y el mantenimiento de edificios públicos y la infraestructura hidráulica, entre otros”.
Por último, Fernández anticipó que en los próximos días enviará al Parlamento las bases legislativas para institucionalizar un Consejo Económico y Social para el Desarrollo, que será “el órgano permanente para diseñar, consensuar y consagrar un conjunto de políticas de Estado para la próxima década”, un espacio donde se diseñarán los grandes pilares institucionales y productivos de mediano y largo plazo para un desarrollo humano integral e inclusivo.
