La Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), entidad que encabeza Juan Carlos Schmid, volvió a rechazar que las organizaciones sindicales y sociales afronten el pago de cualquier monto por los operativos de seguridad que haya armado el gobierno.
«El Ministerio de Seguridad sigue con esta política de intimidar a la sociedad y de criminalizar la protesta social sin ningún fundamento jurídico»-afirmó Schmid-, “no es legal, no hay marco jurídico, y no se ajusta a derecho», agregó. Y sentenció: «sólo buscan titulares en los medios con sanciones económicas que pretenden infantilmente imponer”.
La CGT denuncia el plan del actual gobierno. “El modelo es ajuste, represión y violencia”.
En ese sentido, el también Secretario General del Sindicato de Dragado y Balizamiento, catalogó esta actitud de la funcionaria como irresponsable, ya que “lejos de contribuir a la necesaria construcción de diálogo que amerita la actual coyuntura, violenta derechos elementales de raigambre constitucional como lo es el derecho de huelga”.
FeMPINRA recibió el 10 de enero, una carta documento donde se le intimó al sindicalismo que participó de la jornada de lucha del 27 de diciembre de 2023 a pagar 40.419.227,56 pesos en razón del costo operativo. “Desde ya, desconozco, impugno y niego en tanto no solo conlleva la asunción de facultades e incumbencias ajenas al poder ejecutivo como ser la declaración de legalidad o ilegalidad de una medida o de una acción, sino que además se funda en normas manifiestamente inconstitucionales como ser el protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación y las Resoluciones MS Número 943/23 y 949/23”, expresó Schmid.
Así, esta Federación que agrupa a más de 20 sindicatos portuarios, marítimos y fluviales, dejó también públicamente expresa una respuesta legal al calificar el envío de estas cartas documentos como «carentes de todo sustento fáctico y/o jurídico por lo que resultan persecutorias”. Y concluyó: “solo demuestran el desconocimiento de la institucionalidad y la legalidad de la función sindical».
