por ERCH
La continuidad del conflicto de los trabajadores aeronáuticos con las empresas del sector, acrecentados a partir del arribo de líneas aéreas como Fly Bondi, que busca provocar una flexibilización laboral de hecho en los convenios colectivos de la actividad, derivó en una discusión madre donde se pone en juego la política del actual gobierno nacional hacia todo el ámbito del transporte.
De hecho el propio presidente Macri reinstaló la discusión sobre el rol que cumplen las líneas de bandera de nuestro país, haciendo foco en la economía de empresas como Aerolíneas Argentinas y Austral y poniendo en superficie los salarios y las condiciones de empleo de sus empleados, dejando trascender la idea de calificarlos como ‘privilegiados’.
Así, las discusiones paritarias en marcha que incluye la realización de asambleas gremiales, establecieron un escenario de enfrentamiento con la utilización de munición gruesa tanto desde las propias oficinas del Poder Ejecutivo, como desde las usinas mediáticas que volvieron a calificar de “salvajes” los reclamos laborales.
El argumento vuelven a ser las consecuencias que sufren los usuarios en el retraso de los vuelos, situación por demás comprensible, a la que la representatividad sindical debe contemplar con máxima atención, no sólo por los perjuicios que le ocasiona a los pasajeros este tipo de medidas, sino también en este ‘regalo’ que se le ofrece a los detractores del rol que cumplen los representantes de los trabajadores, al ser catalogados rápidamente como los ‘malos de la película’.
Así el secretario general del sindicato de los Técnicos Aeronáuticos (APTA), Ricardo Cirielli, resaltó el peligro en el que hoy se encuentra la seguridad en el servicio aéreo comercial destacando que “el gobierno es el máximo responsable en la previsión de accidentes”. Afirmación que se certifica a partir de graves tragedias evitables, muy presentes en la memoria de la ciudadanía.
En este mismo sentido el titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey denunció el “achicamiento en marcha con suspensiones y despidos que incluyen tareas de persecución sindical”.
La dirigencia sindical toda sostiene que “se quiere hacer responsable a los trabajadores de la crisis cuando la situación es producto de la sobreoferta, el impacto de la recesión, los bajos ingresos en pesos y el feroz aumento del combustible, entre otros factores”.
En este sentido, Pablo Biró de la Asociacion de Pilotos de Líneas Aéreas describió la situación como “la destrucción de Aerolíneas Argentinas”, dentro del plan gubernamental.
La unidad en la acción de los gremios de la actividad es un hecho que permite un mayor grado de fortaleza sindical, en tiempos donde claramente se vive un proceso de deterioro de los derechos adquiridos con una marcada precarización del empleo en prácticamente todo el campo laboral.
No hay duda que el conflicto tiene las características de una pelea de fondo, tanto desde el propio Ministerio de Transporte que comanda Guillermo Dietrich, donde el corrimiento de Isela Costantini de la gerencia de Aerolíneas Argentinas es parte de la estrategia puesta en juego, aunque en verdad se traslada al manejo del sector aéreo comercial en general y a la actividad de todo el funcionamiento del transporte en el país, con la lupa puesta en los capitales que disputan ser parte de un negocio altamente tentador por su volumen en el mercado y su poder de fuego como instrumento político.
Ahí es donde el derecho a huelga también se instala en el debate central, a partir de ser herramienta fundamental de la protesta sindical, en la que las diferentes representaciones partidarias en el Congreso Nacional, tienen mucha tarea que hacer, incluso dentro del tratamiento y la aplicación del presupuesto económico para el próximo año, donde entre otros sucesos se producirá ni más ni menos que una nueva elección presidencial.
