Las diversas investigaciones en curso sobre el espionaje ilegal que la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) habría llevado adelante durante la gestión de Gustavo Arribas, bajo el Gobierno del ex presidente Mauricio Macri, desató una serie de debates en el periodismo que marcan ubicaciones y defensas de intereses contrapuestos.
Por un lado, el sector más vinculado al periodismo de los medios de comunicación hegemónicos y sus diversas organizaciones profesionales salieron a instalar la idea de que una posible investigación sobre los hechos de espionaje que probara la participación de periodistas en un esquema de ilegal, pudiendo derivar incluso en la detención de algún profesional del área responsable de tales ilícitos, constituiría un “ataque contra la libertad de prensa”.
En este caso la discusión se centró en los posibles vínculos de Luis Majul y su programa La Cornisa con agentes de la AFI, que le habrían provisto de informaciones obtenidas ilegalmente como insumos para su producción, pero un debate similar se dio también algunos meses atrás en el marco del famoso “caso D´Alessio”, cuando el periodista que había quedado en la mira por sus contactos con los espías fue Daniel Santoro, una de las plumas más reconocidas de Clarín. La misma campaña sobre un supuesto “ataque a la libertad de prensa” se instaló cuando Santoro fue imputado por el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla como posible partícipe de una red de espionaje ilegal destinada a extorsionar empresarios y a torcer declaraciones judiciales para perjudicar a enemigos políticos, en un entramado que involucraba a agentes de la AFI, funcionarios judiciales, periodistas y elementos irregulares como el propio falso abogado Marcelo D´Alessio, hoy detenido.
Pablo Moyano testificó en la causa por espionaje ilegal y pidió la prisión de Macri
Hoy desde un sector del periodismo crítico de este tipo de operaciones de defensa corporativa se impulsa un comunicado que apunta a desmentir que existan amenazas a la libertad de prensa por el avance de causas judiciales que buscan determinar responsabilidades en casos de delitos penales, que eventualmente pueden tener a periodistas como protagonistas y partícipes.
El texto comienza preguntándose “¿Creemos que las y los periodistas estamos siendo víctimas de campañas de difamación y presiones, como sostiene un comunicado reciente de periodistas y empresarios de medios de comunicación?”, para luego afirmar: “Las y los abajo firmantes, periodistas de medios privados, públicos, autogestivos, comunitarios y desocupados, y también analistas de los medios de comunicación y entidades vinculadas al estudio y agremiación del medio, creemos que los periodistas, como todo ciudadano, estamos sometidos al escrutinio público y a la ley. No tenemos privilegios. Y no toda crítica, por exagerada o injusta que sea, puede ser considerada como un ‘ataque a la libertad de expresión’”.
La declaración, impulsada por organizaciones periodísticas como el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) o la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren), añade: “Aún dentro de nuestras diferencias, distintas realidades y hasta las dificultades que el propio medio impone, sí creemos que el periodismo debe ejercerse con profesionalidad, libertad y dignidad. Y que, en el necesario vínculo con el poder y las fuentes, tenemos reglas por cumplir. No vale todo. Entendemos que la defensa de la libertad de prensa tiene una acción doble: nuestro derecho a informar y el derecho de la comunidad de informarse. Y entendemos a esa libertad de prensa como una conquista colectiva, no desde posiciones individuales ni sectarias. No es nuestra libertad, es de la sociedad. Un mejor periodismo es decisivo para contribuir a una mejor discusión pública, sobre todo en tiempos tan complejos como estos, atravesados por la angustia de una pandemia”.
El Sindicato de Prensa y numerosas organizaciones gremiales repudiaron el espionaje a periodistas
La crítica a los periodistas y medios que hoy reaccionan agitando una ficticia amenaza sobre la libertad de informar se completa con la denuncia de que esos mismos sectores guardaron silencio durante todo el gobierno de Cambiemos, un período en el que el ataque contra los trabajadores de prensa y los distintos medios de comunicación cobró formas absolutamente concretas que fueron ignoradas. En los cuatro años de macrismo se perdieron más de 4 mil empleos entre los trabajadores del sector periodístico (gráfico, digital, radial o audiovisual), se cerraron decenas de medios y se produjeron centenares de despidos en otros, en muchos casos con claras motivaciones políticas, buscando silenciar a comunicadores que planteaban una mirada crítica respecto del Gobierno de entonces.
Tal vez el caso más evidente de este tipo de políticas respecto que efectivamente apuntaron a un disciplinamiento del periodismo y a acallar las voces críticas fue el masivo despido que intentó realizar el entonces Secretario de Medios y Contenidos Públicos de la Nación Hernán Lombardi, quien el 25 de junio de 2018 despidió ilegalmente a 353 trabajadores de la agencia estatal de noticias Télam para adaptar al órgano periodístico estatal a las necesidades propagandísticas del macrismo. Sin embargo, los despedidos sostuvieron una incansable lucha contra este atropello hasta conseguir su reincorporación efectiva y el reconocimiento judicial de la ilegalidad de los argumentos oficiales. Por esto es importante recordar que frente a este escandaloso atropello de las libertades de prensa, como ante muchos otros, quienes hoy se rasgan las vestiduras alertando sobre una presunta ofensiva antidemocrática contra el periodismo mantuvieron absoluto silencio.
