Este lunes el Gobierno nacional puso en marcha el plan Gas.Ar a través de la publicación del decreto 892/2020, con la firma del presidente Alberto Fernández, una iniciativa que apunta a producir 30.000 millones de metros cúbicos de gas en cuatro años, con un ahorro fiscal de 2.500 millones dólares y de 9.200 millones de dólares en lo que hace a salida de divisas.
El proyecto hace hincapié en la necesaria sustitución de importaciones, apuntando a desarrollar una producción autóctona que revierta el declive en la producción de gas convencional, disminuya la importante salida de divisas en el área energética, cree fuentes de trabajo locales y garantice la provisión energética para el próximo invierno. Así, en el decreto de 11 páginas publicado hoy se declara de interés público nacional y objetivo prioritario la promoción de la producción del gas natural argentino, estableciendo una subasta de 70 millones de m3 por día (modificables) y levantando el cepo cambiario para que empresas accedan a dólares frescos para realizar inversiones. Estas licitaciones tendrán un precio máximo aproximado de 3,70 dólares por millón de BTU.
Según el Secretario de Energía de la Nación Darío Martínez, la iniciativa constituye el inicio de “un proceso virtuoso de trabajo, inversión, producción, desarrollo regional y aumento del Valor Agregado Nacional”. El funcionario aseguró que así “comienza una etapa de sustitución de importaciones, ahorro de divisas, disminución del gasto público y mayores regalías para las provincias”, en una etapa en la que además se va a “recuperar rápidamente el declino de producción el invierno que viene e incluso demandar menos importaciones de Gas Natural licuado (GNL)”.
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Martínez también enfatizó que “el artículo 1 declara al Plan Gas.Ar de interés público y prioridad nacional, tal cual lo indica la Ley de Soberanía Energética de 2012”, lo que “denota la jerarquía estratégica que el Presidente le otorga a la producción de gas, generando herramientas de gestión sobre el mercado porque el interés público se impone sobre intereses particulares”. El funcionario llevó adelante las negociaciones con las empresas nacionales e internacionales que operan en las distintas cuencas como con las provincias, sobre todo las patagónicas, que se ven beneficiadas con el incremento de las regalías.
El plan prevé la sustitución de importaciones de 30.804 millones de m3, generando un ahorro de divisas por unos 9.274 millones de dólares y un ahorro fiscal de 2.574 millones de dólares hasta 2024. En ese marco, se estima un incremento en la recaudación fiscal a nivel nacional, provincial y municipal de 3.486 millones de dólares con participación equitativa de todas las regiones productoras.
Según se anticipa, la iniciativa generará miles de puestos de trabajo para operar equipos de perforación y sets de fractura y dinamizará la actividad de pymes y empresas de servicios vinculadas al sector. Además se garantizan los puestos de trabajo en la cadena de producción, promoviendo el desarrollo agregado nacional en la cadena de valor de toda la industria gasífera. Desde la cartera energética confirmaron que también Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, también se sumó al Plan Gas.
Según se detalló, “el programa incentiva la inversión y la producción de gas para satisfacer la demanda interna con gas argentino”, con lo que además “se protege los derechos de los usuarios y consumidores actuales y futuros”. La iniciativa prevé revertir la declinación de la producción, con sustitución de más de 30.000 millones de m3 de gas y trabajo importado, incrementando el Valor Agregado Nacional en empleo, trabajo para las pymes y empresas regionales, productos y servicios de industria y tecnología argentina.
En este sentido, se destaca que el plan “da previsibilidad de precio y plazo contractual a los productores, normalizando un mercado de gas que en los últimos años presentaba severas distorsiones, para satisfacer en forma eficiente la demanda de todos los segmentos. También “permite armonizar la situación entre el precio necesario que fomenta inversiones con la tarifa que puede afrontar el usuario residencial”.
