La urgencia de los gremios: el financiamiento de las obras sociales

Como ya lo había anticipado, EdeA, el Gobierno se comprometió a girar, hasta diciembre, los 3 mil millones de pesos retenidos en el Fondo Solidario de Redistribución, para el normal funcionamiento de las obras sociales sindicales, que a partir de la devaluación del 12 de agosto vieron empeorar la situación notablemente debido a que la mayoría de los insumos en materia de salud son en dólares.

La disposición no logró tranquilizar a los gremios, que vienen alertando sobre los problemas que existen en la seguridad social, un sistema que atiende al 60% de la población argentina y que según anticiparon “está al borde del colapso”.

Para garantizar su funcionamiento es necesario aceitar el mecanismo de los desembolsos , también de “limitar el aumento de insumos, prestaciones y otras prácticas médicas, uno de los primeros reclamos que llevarán a los encargados de la salud del próximo gobierno”.

Con la elección ya definida, los gremios –que celebraron la llegada de Alberto Fernández- a la presidencia, preparan una agenda de temas para negociar con el futuro gobierno y al mismo tiempo esperan el giro de los 3.000 millones prometidos por Macri, con el temor de que la derrota electoral “deje en suspenso” la medida.

El Gobierno prometió «liberar» un porcentaje de lo que debe a las obras sociales sindicales

Todavía faltan 43 días de gobierno de la actual gestión, tiempo suficiente para efectivizar los depósitos y para trabajar también el “pacto social” con el sector empresarial de cara a los próximos años que les ha pedido el flamante presidente electo.

Pero las dificultades en la seguridad social no pueden esperar, por lo cual se lanzó durante octubre una entidad de segundo grado: Obras Sociales Unidades (OSU) un espacio donde unas 30 entidades sindicales buscan coordinar sus esfuerzos en defensa del sistema solidario.

Como el Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA), buscarán articular medidas para “combatir los aumentos exagerados de las prestaciones médicas y farmacéuticas”, y mejorar la atención de sus afiliados.

Las constantes dificultades financieras que padece el sector fueron la principal razón para crear este espacio, que está organizado por las grandes entidades, que deben afrontar los mayores desafíos, como la atención a monotributistas.

Según su documento fundacional, el objetivo de la USO es “articular las políticas e intereses comunes de sus integrantes; estudiar y difundir la relación costo beneficio de las prestaciones sanitarias; analizar el impacto económico y social de las tecnologías sanitarias; promover la valoración clínica, ética y económica de la tecnología sanitaria y sus prioridades de utilización; producir y difundir informes, recomendaciones y protocolos de utilización de los nuevos procedimientos sanitarios; y contribuir a reducción de la litigiosidad por la cobertura de tratamientos y procedimientos sanitarios”.

 

Además, la flamante organización se encargará de peticionar ante la autoridad y ser órgano de consulta de ésta respecto de la inclusión y eficacia de las prácticas cubiertas por la seguridad social. “La formación de este espacio busca “poner las necesidades del sector en la agenda del próximo gobierno, desde el día cero”, agregaron.

Las obras sociales sindicales atienden junto a las entidades provinciales (como el IOMA de Buenos Aires) y el PAMI al 60 por ciento de la población argentina. El resto se divide en el sistema público (un 30 por ciento que va variando según la situación del país) y la medicina privada (un 10 por ciento promedio).

El sector se financia con el aporte del 3 por ciento de los trabajadores activos y un 5 por ciento que paga el empleador, y con programas especiales que comparte con el Estado. La atención la determina el llamado PMO (Programa Médico Obligatorio), que genera un paquete de prestaciones para todas las entidades. Uno de los problemas es que el PMO se agranda –a partir de ley o de resoluciones– pero los recursos son los mismos.

Otro punto de discordia son los fallos judiciales, que obligan a cubrir tratamientos o estudios de alto costo, y que desfinancian a las entidades. Sobre este último punto, en el Frente de Todos trabajan para aprobar cambios en la forma de aprobar las prestaciones.

Los equipos técnicos de salud que comanda Ginés González García confirman que una de las propuestas es tratar la llamada Agencia Nacional de Tecnologías de la Salud (AGNET), cuyo proyecto presentó el actual gobierno en 2016, como parte de una movida sanitaria y de seguridad social, que no pudo completarse. “La vamos a tratar, pero con cambios”, anticipó un integrante de estas mesas técnicas, que trabajan en el plan sanitario de Alberto Fernández.

El proyecto de ley fue girado el año pasado al Senado como parte de las leyes de la reforma laboral, pero nunca se trató, pese a que tenía el visto bueno de la dirigencia sindical, que cree que esta iniciativa servirá para frenar los amparos judiciales y el impacto de la incorporación de coberturas sin evidencia científica en la salud financiera del sector.