En las últimas horas la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) hizo público que durante el mandato presidencial de La Libertad Avanza y Javier Milei ya se perdieron 150 mil puestos de trabajo a nivel nacional en el sector, sobre todo por la paralización de la obra pública y las políticas de ajuste impulsadas por el oficialismo. En consideración a este dramático escenario, el gremio encabezado por Gerardo Martínez se declaró en “estado de alerta y asamblea permanente”, lo que plantea la posibilidad de medidas de fuerza en el corto plazo.
Desde UOCRA hicieron público y texto en el que se responsabiliza al Gobierno por “la pérdida de puestos de trabajo”, la “desaceleración de la inversión” y la “ausencia de gestión e interlocutores válidos”. En el mismo sentido, se cuestiona en duros términos al sector privado por no acordar “una recomposición salarial justa y suficiente” para las obras en curso. También se plantea que esta situación “pone en grave riesgo la continuidad laboral de gran parte de la actividad”.
El gremio denunció que desde la asunción de Milei “se han perdido 50 mil puestos de trabajo directos y más de 100 mil indirectos”, básicamente por la “desfinanciación y consecuente paralización de las obras pública en ejecución”. Por lo que se consideró “inaceptable” que el oficialismo “no se responsabilice de estas consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas”.
La UOCRA también consideró preocupante que no se convoque “al diálogo social”, poniendo en riesgo “la seguridad en materia de inversión en obras, afectando las impostergables demandas por desarrollo económico y social de todas las regiones”. Además, se criticó directamente al presidente Milei, que en campaña había asegurado que la obra pública sería sustituida por proyectos privados, lo que no sucedió, ya que “la obra privada no ha alcanzado aún niveles de actividad que compensen la drástica caída y nada indica que los privados sustituyan finalmente el rol y el financiamiento estatal”.
Por último, el gremio denunció “la reticencia del sector empresario” para “preservar el poder adquisitivo” de los salarios de una gran masa de trabajadores que deben lidiar cotidianamente con una “inflación sostenida” que dificulta su vida diaria y que no pueden enfrentarse más que con importantes aumentos salariales, a los que las empresas se resisten. El gremio y la cámara empresarial del sector (Camarco) iniciaron el debate paritario hace semanas, aún sin acordar un aumento para febrero tras el 20% fijado para enero.
