Organizaciones gremiales, estudiantiles y rectores de las 61 universidades nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) confirmaron el llamado a un paro por 48 horas a partir de este jueves 26, que se combinará con una nueva manifestación federal, programada para el jueves, con el objetivo de exigir que el Parlamento aprueve una nueva Ley de Financiamiento Universitario. En la Cámara de Diputados hay prevista una sesión especial para abordar el tema para el próximo 2 de julio.
Desde el Frente Sindical de las Universidades Nacionales –integrado por CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y FATUN– y las agrupaciones estudiantiles de todo el país, representadas por la Federación Universitaria Argentina (FUA) se destacó que no sólo se reclama un aumento salarial para docentes y no docentes, sino también un incremento de las becas estudiantiles, un alza en el financiamiento de las universidades nacionales y un mayor presupuesto para ciencia y tecnología, incorporando así al reclamo universitario la defensa del sistema científico nacional, también duramente atacado por el gobierno de Javier Milei. La CTA Autónoma también confirmó su adhesión a la medida de fuerza.
La protesta también exigirá el tratamiento en el Congreso de la Ley de Financiamiento Universitario, presentado a fines de mayo por el Frente Sindical universitario, el CIN y la FUA. Desde Conadu destacaron: “Este proyecto es fundamental para garantizar el sostenimiento y desarrollo del sistema universitario público argentino y, por eso, convocamos a toda la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto, a sumarse y acompañar este reclamo colectivo en defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad”. El tratamiento en Diputados está previsto para el miércoles 2 de julio, por lo que se está instando a los legisladores de los distintos partidos a garantizar el quórum a esta sesión especial.
El proyecto de ley reclama un plan de inversiones en el sistema universitario que se incremente hasta el 1,5% del PBI hacia 2031 (con aumento progresivo desde 2026 derivados de recursos en una proporción de los fondos coparticipables), una urgente reapertura a negociaciones paritarias (que no ocurren desde octubre del 2024, siendo el Gobierno quien fija los aumentos por decreto) junto con una recomposición retroactiva a diciembre 2023, la disposición de fondos para garantizar el funcionamiento universitario integral, así como el de sus instituciones vinculadas (hospitales, laboratorios) y el sostenimiento del sistema de becas. También se establece un fondo de $10.000 millones, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas para el país.
El colectivo universitario también impulsa una campaña de juntada de firmas. Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y vicepresidente del CIN, explicó: “Este jueves 26, en cada ciudad en la que haya una universidad pública, durante toda la jornada habrá actividades de diverso tipo para promover su defensa, para solicitar que se apruebe la ley. Pedimos a la sociedad argentina que se sume a la campaña Un millón de firmas por la universidad pública y que adhiera así al proyecto de financiamiento presentado en el Congreso”.
