Las organizaciones que componen la Unidad Piquetera levantaron el acampe que habían instalado hace dos días frente al Ministerio de Desarrollo Social para llevar la protesta frente a la Casa de Mendoza, en Corrientes y Callao, para reclamar por la libertad de cuatro manifestantes detenidos durante una movilización que se llevó adelante este martes en la Ciudad de Mendoza.
Las jornadas de reclamo a nivel nacional tenían en su centro el reclamo de trabajo genuino y la exigencia de que los gobiernos cumplan con los compromisos de provisión de herramientas para los proyectos productivos y de alimentos para comedores y merenderos. Además se continúa reclamando por las casi 100 mil bajas irregulares del programa Potenciar Trabajo que hace pocas semanas habilitó el Ministerio de Desarrollo Social a las órdenes de Victoria Tolosa Paz.
La Unidad Piquetera comienza otro acampe frente a Desarrollo Social
Según informaron voceros de las organizaciones, durante la movilización en la ciudad de Mendoza fueron detenidos Micaela Guiñazú, del FOL, junto con Martín Rodríguez, Lorena Torres y Edurado Tirado, del Polo Obrero. Luego fueron trasladados a distintas comisarias de las localidades de Godoy Cruz y Luján de Cuyo. Este miércoles dos de los manifestantes permanecen detenidos y les abrirían causas por manifestarse en la vía pública.
Desde las organizaciones se denunció que, además, las detenciones se realizaron sin que mediara ningún incidente previo, con la Policía afirmando que actuaban por “denuncias previas”, lo que constituiría un nuevo intento de “criminalizar la protesta social”.
Durante la mañana de este miércoles en Mendoza se llevaron adelante nuevas movilizaciones y cortes para reclamar la liberación de los detenidos. En la Ciudad de Buenos Aires se levantó el acampe frente a Desarrollo Social para movilizar a la puerta de la Casa de Mendoza, en la zona de Callao y Corrientes.
Mendoza: Detienen a dirigentes de ATE por cortar calles en las protestas por salarios
El accionar de la Policía de Mendoza tiene numerosos antecedentes, incluyendo la detención en agosto pasado del secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) local Roberto Macho y su esposa Adriana Iranzo, secretaria Gremial, acusados por el delito de “entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra” de resultas de las reiteradas protestas callejeras de las que participó el gremio.
