La Unión Industrial Argentina (UIA) presentó sus diez puntos para fomentar la producción, el trabajo y distintas propuestas, tanto para la Nación como para los gobiernos provinciales, en materia de financiamiento, carga tributaria, logística, energía y trámites.
En primer lugar, para la entidad, es vital que el financiamiento tenga criterios de distribución regional, con beneficios a las tasas con el objetivo de crear trabajo. Allí, las provincias tienen que aportar medidas «complementarias» para cada programa o beneficio. Por ejemplo, sugieren un mecanismo llamado «1 + 1 entre Nación y Provincias». En el mismo, el ministerio de Producción y Trabajo debería comprometerse a desembolsar $1 por cada $1 que dispone la provincia a través de bancos provinciales y/o privados.
Para incentivar el empleo en distintas regiones, la UIA remarca que es necesario que en materia tributaria el Gobierno de marcha atrás con la «progresiva suspensión de los beneficios del decreto 814/01 por el impulso para fomentar el empleo en zonas más alejadas».
Esa iniciativa habla sobre la eliminación de cargas patronales en algunas zonas. A las provincias, se les pedirá acelerar la rebaja de «Ingresos Brutos hasta reemplazarlo por otra herramienta de más fácil liquidación y fiscalización».
«Ingresos Brutos se convirtió en la principal fuente de recaudación de las provincias. Descontando el efecto de la inflación, los ingresos por ese impuesto crecieron un 49% con respecto a 2004», destacan. «Algunas provincias impulsaron una exención de Ingresos Brutos para empresas industriales de menor tamaño. La UIA lo observó en firmas bonaerenses que facturan menos de $ 78 millones anuales», determinaron.
Con respecto a la logística, sugieren un plan ferroviario con desarrollos de nodos logísticos en distintas zonas, donde «además del ferrocarril lleguen y se conecten otros medios de transporte». Esa iniciativa debería tomarla el Poder Ejecutivo nacional. Las provincias podrían acompañar con leyes que permitan los «bitrenes y escalables».
En cuanto a materia de energía, piden una reducción del IVA a las tarifas a nivel nacional, como también de otros «componentes locales» que pagan las empresas en sus facturas. «La AFIP recaudó 93 mil millones de pesos (11,9% de la recaudación por IVA) en 2017 por el IVA proveniente de las tarifas de electricidad y gas», señalan. Este factor «encarece» los costos de producción y -en un escenario de baja demanda- es un desaliento para la inversión.
Por último, los empresarios reclaman que se genere un órgano de monitoreo para «asesorar permanentemente a las provincias en relación a las adhesiones provinciales a las leyes sancionadas en el Congreso de la Nación». Porque entienden que las provincias deben adherir y reglamentar leyes como la «ley de Compre Argentino y de Seguridad de Riesgos del Trabajo para mejorar la productividad».
