La Unión Industrial Argentina (UIA), el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires le plantearon a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires la necesidad de suspender la vigencia del Acta 2764/22, que establece los montos a pagar en concepto de indemnizaciones por despidos, con intereses “exorbitantes y desproporcionados”.
Las entidades sostienen ante la Justicia laboral que el método de cálculo de estas indemnizaciones “arroja resultados erráticos, inequitativos, exorbitantes y criterios disímiles de interpretación, todo lo cual afecta seriamente al principio de la Seguridad Jurídica con el consiguiente aumento de incidencias procesales, interposición de Recursos de Apelación y asimismo de Extraordinarios y Quejas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
También enviaron también una nota a la Corte Suprema de Justicia de la Nación remarcando “la honda preocupación que existe entre los dadores de trabajo con relación a los métodos de actualización de las liquidaciones que surgen de las sentencias de condena que se pronuncian en ese fuero”. Al respecto, añadieron: “Estamos convencidos de que esas actualizaciones están dañando seriamente a las empresas, generando perjuicios y distorsiones que muchas empresas ya no pueden afrontar”.
“Es una creencia compartida de las entidades que representamos en el sentido de que ese mecanismo de cálculo tiene efectos extremadamente nocivos para la industria, el comercio y los trabajadores en general”, remarcaron. Luego añadieron que los sectores más afectados por esta dinámica son las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs).
Para fundamentar sus objeciones, las entidades empresariales se basaron en un informe de la Universidad de Buenos Aires y en otro de la UIA que dejaron a la vista “inconsistencias” en el método de cálculo. En este sentido, señalaron que las decisiones del fuero laboral que ordenan ejecutar las sentencias muchas veces generan grandes perjuicios a las empresas, que deben pegar cifras muy superiores a los que estaban en vigencia antes de la aprobación del Acta 2764/22.
