La UATRE y el RENATRE endurecen su campaña contra la «explotación laboral» y el «trabajo en negro»

Desde la Unión de Trabajadores y Estibadores Rurales -en conjunto con el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores- trabajan en forma coordinada para eliminar dos de los grandes flagelos con los que convive el sector: la explotación laboral y el empleo no registrado.

Los datos confirman ésta realidad que se intenta enfrentar: desde el gremio confirman que «existen en la actualidad alrededor de 350 mil trabajadores y  trabajadoras rurales registrados, pero no menos de 500 mil todavía que trabajan en negro, sin aportes a la Seguridad Social, sin  cobertura de salud ni aportes al sistema previsional».

Lo que se traduce en que «muchos de ellos  padecen situaciones de explotación laboral o trata de personas, a los que hay que sumar un número aún indeterminado de niños y niñas  que trabajan en el campo cuando tendrían que estar jugando y  educándose», denuncian en conjunto las organizaciones rurales.

La Ley 25.191 que estableció la obligatoriedad de la Libreta del  Trabajador Rural y creó el RENATRE entró en vigencia efectiva el 8  de marzo de 2002, producto de la lucha sindical y política de la UATRE durante una década. Pero casi veinte años después, si bien se produjeron muchos logros, «el problema de fondo no fue solucionado debido al conflicto de intereses entre el sector  patronal y el sector obrero», lamentaron desde las entidades que conduce José Voytenco.

En este contexto, el dirigente rural hace énfasis en que «para poder terminar con el trabajo no registrado en el sector agropecuario, el  poder de policía del trabajo debe dejar de estar compartido entre la UATRE y las entidades empresarias» y en ese sentido consideró «imprescindible» la actuación de los legisladores nacionales  «para modificar la Ley y hacer del RENATRE una institución  fuerte y con las herramientas necesarias para ejercer la función para el que fue creado».

Así es que Voytenco apuntó a «medidas de fondo, drásticas y rápidas, para contar con  el poder necesario para inspeccionar todos los establecimientos  rurales, a lo largo y a lo ancho de nuestro dilatado territorio, y  asegurar así el cumplimiento estricto de la legislación laboral».