En las últimas horas cobró estado público una denuncia contra la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), organismo responsable de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar que ahora resucitó el gobierno de Javier Milei, por llevar adelante espionaje ilegal contra dirigentes políticos opositores y organizaciones políticas y gremiales, algo expresamente prohibido por la legislación argentina. La denuncia será abordada en el Parlamento nacional por la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI). El hecho recuerda a las denuncias de actividades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se realizaron investigaciones ilegales contra periodistas, políticos y sindicalistas en el marco de la causa conocida como “Gestapo aintisindical”.
De acuerdo con la denuncia del periodista Hugo Alconada Mon, el documento “Hechos Previstos 09JUL25” al que tuvo acceso (elaborado por la Agencia de Seguridad Nacional, ASN, una de las cuatro principales dependencias de la SIDE, hoy dirigida por Sergio Neiffert, un hombre del asesor Santiago Caputo), da cuenta de una serie de “monitoreos” sobre protestas gremiales, convocatorias callejeras y hasta actos culturales previstos para esa fecha (un miércoles, día habitual de las protestas de jubilados y fecha del cierre de listas de alianzas electorales para provincia de Buenos Aires). La ASN, que según el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 614/2024 se debería ocupar de cuestiones de seguridad interior como crimen organizado, narcotráfico, proliferación de armas y amenazas contra el orden constitucional, es dirigida por el comisario general retirado Alejandro Cecati, involucrado durante el gobierno de Mauricio Macri en el espionaje a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.
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El informe filtrado da cuenta de la reunión que mantuvieron Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner en La Plata por el cierre de alianzas, de una reunión entre Facundo Manes y Néstor Grindetti, de movimientos de senadores como Eduardo “Wado” de Pedro (UxP) o Guadalupe Tagliaferri (PRO). Hay informes sobre la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza, La Cámpora, el Partido Justicialista (PJ) bonaerense, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires.También fueron monitoreadas centrales gremiales como la CGT y la CTA, organizaciones de trabajadores de la salud, de Vialidad Nacional, del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) y de la Asociación Bancaria.
Cristina Caamaño, exfiscal y exinterventora en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Alberto Fernández, descartó la posibilidad de que estas actividades puedan ser enmarcadas en algún tipo de tarea en el marco de la legislación vigente, remarcando: “No, es simplemente una violación a la Ley de Inteligencia”. Esta ley, en su artículo cuarto, define que ningún organismo de inteligencia puede “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
