La Confederación General del Trabajo (CGT) le reclamó al Gobierno nacional urgentes medidas que eviten “el colapso económico” de las obras sociales, por el peligro que implicaría la continuidad del desfinanciamiento de las coberturas de salud de millones de trabajadores registrados, en un contexto de retroceso de la recaudación por la caída del poder adquisitivo de los salarios y de aumento sostenido de las prestaciones médicas, tanto en lo que hace las intervenciones en sanatorios y otros centros de salud como al elevado costo de los tratamientos ambulatorios (tanto en lo que hace a terapias como a medicación). Esta discusión también involucra el gerenciamiento de los nosocomios, los servicios del personal de salud, la administración de las entidades sindicales y el mercado de los remedios a través de los laboratorios.
Desde la central obrera destacaron que las políticas oficiales de desfinanciamiento del sistema de obras sociales sindicales que impulsa el Gobierno de Javier Milei tiene impacto sobre más de 15 millones de personas, lo que representa el 33,6% de la población argentina, incluyendo a los trabajadores en actividad en cada uno de los sectores gremiales, a unos 2,2 millones de monotributistas, así como a más de 200 mil desempleados con derecho a prestaciones y trabajadoras del servicio doméstico.
Según detallaron, el eje del desfinanciamiento del sistema pasa por el Programa Médico Obligatorio (PMO, las prestaciones médicas mínimas a las que están obligadas las obras sociales y prepagas), que para las entidades tiene un costo promedio mensual de 45 mil pesos por beneficiario, siendo que el aporte de algunos de los sectores que tienen derecho al PMO es mucho menor.
En este sentido, desde la CGT se denuncia que “hay un contexto actual de crisis como producto de la caída de los salarios reales frente al aumento desmesurado de los costos de las prestaciones médicas y de los medicamentos, al que se le agrega el déficit provocado por los aportes insuficientes de monotributistas, personal doméstico y desempleados, que no alcanzan a cubrir el costo mensual promedio del PMO”.
Al respecto proponen reemplazar el actual PMO por una “canasta de servicios de emergencia” (CSE), ajustar las cuotas de aporte de monotributistas y trabajadoras del servicio doméstico, recalcular los reintegros de PAMI a beneficiarios atendidos en obas sociales sindicales y que la atención a monotributistas quede a cargo de los efectores públicos de la jurisdicción donde vivan.
