Esta semana el Gobierno nacional de Javier Milei avanzó con la estatización “temporal” de la llamada “Ruta del Mercosur”, una vía de comunicación y comercio clave para la región, en una sorpresiva decisión que va a contramano del discurso libertario y del plan en curso de privatización de numerosos organismos estatales. Así, la Dirección Nacional de Vialidad se toma el control de este corredor clave, pero en una situación crítica por el sostenido desfinanciamiento oficial del organismo. La decisión, además, implicó el despido de cerca de 500 trabajadores, que prestaban servicios en la empresa concesionaria.
La concesión estaba hasta este jueves en manos de la empesa Caminos del Río Uruguay (Crusa), que despidió a 500 trabajadores, muchos de los cuales llevaron adelante, junto con dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (Sutpa), una protesta en el kilómetro 85.400 de la ruta nacional 14, poco antes del inicio del complejo Zárate Brazo Largo. Los cesanteados se preguntaban con qué personal va a atender Vialidad a las tareas requeridas por el nuevo tramo vial, cuando además el organismo se encuentra bajo una fuerte ofensiva de recortes y desfinanciamiento.
Analistas del sector consideran que lo que ocurrió fue que no se llegó a tiempo con una nueva licitación o privatización. El pasado 25 de febrero se realizó una audiencia para privatizar el tramo vial que une Zárate con Paso de los Libres, pero luego no se publicaron los pliegos de convocatoria, posiblemente por descontento empresarial respecto del costo del peaje, del que reclamaban por lo menos una duplicación de su valor actual de aproximadamente dos dólares.
Sería precisamente este tema de la insuficiente actualización de las tarifas la fuente de los conflictos con Crusa que se suceden desde hace años, que llevaron a la empresa a declararse en concurso en 2023, denunciando los perjuicios generados por el congelamientos de tarifas definidos por el Gobierno de Alberto Fernández. Pero los cuestionamientos también apuntan al macrismo, que durante su gestión no pudo consolidar los proyectos Participación Público Privada (PPP) firmados en 2018 por el ministro de Transporte Guillermo Dietrich ni fijar un esquema tarifario sostenible. En un marco de acusaciones cruzadas y una judicialización de la causa, hoy Crusa insiste en que el contrato de concesión se encuentra vigente y que sólo se encontraría pendiente la renegociación tarifaria acordada hace años.
