A partir de este lunes, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados volverá a analizar proyectos para avanzar con reformas de las leyes laborales y de contribuciones sindicales. Esta discusión, de fuerte impacto en el sector sindical, se solapará con la nueva convocatoria que debe realizar el gobierno de Javier Milei para el Consejo del Salario, que en sus últimos encuentros no pudo llegar a ningún acuerdo entre sectores gremiales y empresariales, siendo saldado el debate por la fijación unilateral de los aumentos del mínimo por parte del oficialismo (siempre más cercano a los reclamos patronales).
Como en otras ocasiones, ante la confirmación de la Confederación General del Trabajo (CGT) de la convocatoria a un paro general para el próximo 9 y 10 de abril, el Gobierno desempolva las amenazas de reforma sindical, por lo que ya este martes 1 de abril la Comisión laboral de Diputados analizará propuestas de modificación a las leyes 14.250 y 23.551, retomando discusiones ya iniciadas durante el año pasado.
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El debate se centrará en diversas iniciativas legislativas que proponen modificaciones en el régimen de convenios colectivos de trabajo (con numerosos planes de flexibilización laboral y beneficios especiales para las empresas) y de asociaciones sindicales (apuntando a hacer “no obligatorio” el aporte sindical y a limitar las reelecciones al frente de los gremios). Las propuestas más cuestionadas en este sentido son las impulsadas por los diputados Luis Picat, Gerardo Milman y Martín Tetaz.
En cuanto a la nueva convocatoria al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, debería concretarse para este mes de abril, ya que el último aumento se fijó para el primer trimestre. En todos los encuentros producidos durante el gobierno de La Libertad Avanza no se lograron acuerdos entre los sectores empresariales y gremiales (con la presencia de la CGT y las dos CTA), terminando por fijarse el aumento de manera unilateral por parte de la Secretaría de Trabajo, con incrementos siempre por debajo de la exigencia gremial y cercanos a lo reclamado por el empresariado, lo que contribuyó significativamente a licuar el poder adquisitivo de los salarios. Por ejemplo, en enero las centrales sindicales reclamaron un mínimo de 600 mil pesos, pero el oficialismo fijó un plan de aumentos escalonados que llevó el mínimo a 296.832 pesos en marzo.
