La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), incluye en su propuesta de licitación, la posibilidad del corte de suministro a quienes se demoren en su pago, redefiniendo el criterio de bien esencial para la población, en la provisión de agua potable, justificado en la necesidad de dar mejores condiciones para atraer inversiones privadas.
También el decreto publicado por el gobierno nacional, explicita la intención de dejar sin efecto el carácter intransferible de las acciones del Estado en la sociedad, lo que le permite al Ministerio de Economía administrar el 90% del monto que surja de esta venta, con plena libertad de acción para recurrir a ese capital para todo tipo de acción de mercado que necesite hacer.
En lo hace al aspecto laboral, el 10% restante sigue en manos de los empleados de la empresa dentro del Programa de Propiedad Participada (PPP), un régimen que también se utilizó, en la privatización de ENTEL (a manos de Telefónica y Telecom) y SEGBA (EDENOR y EDESUR), entre otras empresas estatales privatizadas, a fines del siglo pasado.
En este sentido el Sindicato Gran Buenos Aires de Obras Sanitarias (SGBATOS), que comanda el histórico dirigente Luis Lingeri, conocedor activo de este tipo de procesos, emitió un comunicado oficial, donde si bien aclara que no van a “permitir que se ponga en riesgo el futuro laboral de ningún compañero o compañera”, asegura que esta “reorganización societaria de AySA, “no se trata de una privatización tradicional”, manteniendo distancia de lo que esta reestructuración de la empresa, puede significar en las garantías del servicio a los usuarios, ni la continuidad de saneamientos y ampliación de obras, hoy detenidas o demoradas en la provisión de agua potable a cada vez más ciudadanos.
