La propuesta ha generado una fuerte polémica que se ha instalado en los medios y las redes sociales durante estos días. La iniciativa con fuerza de ley impulsada por la Diputada bonaerense de Juntos, Julieta Quintero, “busca suspender el cobro de planes sociales a quienes corten calles y cometan delitos o contravenciones durante protestas y movilizaciones”. Esto incluye un control para aquellos niños que en lugar de estar escolarizados estén participando de la protesta”.
La propuesta, que ingresó en la Cámara Baja bonaerense, está dirigida a sancionar los “actos de violencia que ocurran en ocasión de manifestaciones sociales a partir de delitos o contravenciones”, cuestión que desató respuestas y críticas por parte del oficialismo, ya que el “argumento de las necesidades básicas insatisfechas”, sería un justificativo para que la sanción sea desmedida y disparatada.
El proyecto de la oposición hace pie en “velar por el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, al considerar que al ser llevados a las movilizaciones se incumple con el artículo 14 de la Constitución Nacional y con la Ley Nacional 24714, donde se exige como condición para el cobro de planes sociales la obligatoriedad de la concurrencia escolar”.
De este modo, aquellas personas físicas y/o jurídicas que perciben una prestación social por parte del Estado Nacional, Provincial o Municipal y que incurran en estos delitos, se les suspenderá o suprimirá dicho beneficio.
La durabilidad de los planes es otro tema en los que incurrió: “los planes sociales tienen que ir a las personas que lo necesitan y ser una herramienta de ayuda, para que quienes tienen dificultades puedan pasar el momento y progresar”. El plan “tiene que durar solo un tiempo, el objetivo es que al final de la asistencia la persona pueda tener un trabajo formal y estable” manifestó la legisladora platense, Julieta Quintero, algo que coincide con lo manifestado por el Ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, que no sólo habló de no ampliar los planes sino de abocarse en forma urgente a convertir los planes sociales en trabajo genuino.
De todos modos, el que está en juego es un tema siempre delicado por afectar a la libertad de las personas. Sucede que hay amplio consenso en la gravedad de la situación social y la necesidad de recuperar la economía y el empleo para que la salida sea un trabajo formal, pero el mientras tanto genera fuerte tensión política y lo que se intenta evitar por parte del Gobierno, es un «estallido», similar a otros que registra la historia argentina.
