La Plata: Crearían un “banco de tierras fiscales” para garantizar lotes sociales con servicios

Esta semana el intendente platense Julio Garro elevó al Consejo Deliberante un proyecto para crear un ‘Banco de Tierras Fiscales’, con el objetivo de promover, administrar y planificar esos espacios para distintos sectores sociales de la Ciudad. Esta incorporación de tierras al patrimonio municipal apuntaría sobre todo a construir una reserva de tierras públicas que puedan ser destinadas a lotes sociales, con infraestructura, equipamiento y localización según el Plan Estratégico 2030.

En principio se trataría de unos 9 mil lotes con servicio los que se incorporarían bajo esta ordenanza, un 15% de los cuales quedaría a disposición del municipio para alojar a familias de bajos recursos o venderlos a precios accesibles para que empleados municipales puedan acceder a lotes con servicios.

Una familia necesitó $47.216 para no ser pobre en septiembre

La Secretaria de Planeamiento Urbano de la Comuna, María Botta, explicó: “Es un proyecto muy importante en lo que se refiere a política habitacional, teniendo en cuenta que pretende generar lotes con servicios públicos promovidos por el estado municipal, en el marco del plan estratégico 2030 y la Ley de Hábitat 14.449”. Y añadió: “El Acceso universal a la tierra es uno de los lineamientos estratégicos que argumentan el proyecto, haciendo foco en la vivienda, la infraestructura básica, los equipamientos sociales, los servicios y los espacios de trabajo y producción, en un marco de respeto de los rasgos culturales y simbólicos de la comunidad y de la preservación del ambiente”.

El Banco de Tierras Fiscales se encargaría de gestionar las tierras de dominio municipal y controlar su estado de ocupación, además de formular las políticas públicas, normas y procedimientos respecto de la utilización y disposición de las mismas, modificando y adecuando a los objetivos de la ordenanza las normas necesarias. El organismo también intervendría en la adquisición o enajenación de las tierras municipales, la asignación o transferencia de su uso, la afectación o desafectación de las mismas, su disposición para constituir emprendimientos de interés público, destinados al desarrollo y la inclusión social, las expropiaciones con fines sociales y la fiscalización y control de aquellas asignadas al uso de organismos y entidades del Sector Público.

“Elaboramos el proyecto en base a un diagnóstico urbano-social que refleja una falta de tierras urbanas, la imposibilidad del acceso por parte de muchas familias; el desequilibrio en la relación oferta y demanda, el déficit habitacional y la limitada oferta de suelo urbano formal para sectores bajos y medios, lo cual fomenta la proliferación de asentamientos en zonas de baja calidad ambiental y con deficiencias en los accesos a los servicios básicos”, concluyó Botta.