Esta vez la semana de la pastoral social en Mar del Plata dejó de lado las formas y fue al fondo. Fueron jornadas de crítica intensa, de mensajes directos al gobierno: al señalar por ejemplo que se dejó de lado a los pobres y se dieron prioridad a otros temas en la agenda.
Se referían a temas que molestaron y mucho a la Iglesia: como la despenalización del aborto. Pero no sólo eso, también que sacaran los trapitos al sol de “cuánto gana un obispo”. Sobre ese tema también hubo pase de factura.
Falta el documento final, que será el mensaje final que pretendan dar al cierre de una semana pastoral atípica, por estar de cara a un paro nacional y en una situación de franca dependencia económica externa con un mercado alicaído y la pobreza en aumento.
En referencia al tema salarial y del reclamo de los trabajadores, se habló por ejemplo del caso de los maestros, y pareció que la posición de la iglesia diera un pulgar arriba al paro medida de protesta del lunes, y lo hizo casi explícitamente el presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social (Cepas), monseñor Jorge Lugones al señalar que el derecho a huelga es una herramienta «que propone la doctrina social de la Iglesia cuando se dan situaciones de injusticia social».
También los religiosos se expidieron sobre un reclamo que llevan adelante los movimientos sociales: «Queremos que salga una ley de emergencia alimentaria, porque estamos en una situación de precariedad grave», insistió el obispo de Lomas de Zamora. Puso como ejemplo a Manos Solidarias, un banco de alimentos local, al que asisten 8.000 personas y que aquí tuvo un crecimiento de demanda del 30% en los últimos meses.
Por todo esto se espera una conclusión dura con respecto a las políticas económicas de Mauricio Macri y un listado de demandas que la Iglesia tiene en mano en un país que tiene una deuda social enorme.
