“Ni el protocolo ni el capítulo de Seguridad de la ley Ómnibus son compatibles con los estándares internacionales para Naciones Unidas”, le señalaron al gobierno argentino autoridades del organismo internacional, aconsejándolo para que “no imponga restricciones indebidas al derecho a la libertad de reunión pacífica”.
Un texto que trascendió a la prensa, cita a Clement Nyaletsossi Voule (Libertad de reunión pacífica y de asociación), Irene Khan (Promoción y Protección del derecho a la libertad de opinión y expresión) y Mary Lawlor (Situación de los defensores de Derechos Humanos), referentes de la ONU, como los encargados de marcar su preocupación por los anuncios para controlar las manifestaciones opositoras al gobierno.
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“El derecho a la reunión pacífica, junto con otros derechos conexos, constituye el fundamento mínimo de un sistema de gobierno participativo basado en la democracia, los derechos humanos, el respeto de la ley y el pluralismo”, afirmaron los expertos que encabezaron la posición de Naciones Unidas.
“La interrupción del tráfico no constituye violencia” –señalaron, según fuentes periodísticas-, especificando que “las reuniones pacíficas pueden promover ideas u objetivos polémicos que pueden causar perturbaciones, por ejemplo, a la circulación de vehículos o peatones o la actividad económica”.
Y concluye: “la obligación de los agentes encargados de hacer cumplir la ley en una reunión no consiste primariamente en controlarla o restablecer el orden; su obligación inicial y principal es facilitar la protesta pacífica y el ejercicio de los derechos que en ella confluyen”