En un documento, la OIT y la CEPAL advirtieron que el trabajo infantil puede aumentar de manera significativa en el Caribe y América Latina ante la destrucción de empleo y la reducción de ingresos que está provocando el Coronavirus. Por eso, las organizaciones piden acciones contundentes para evitar que millones de chicos abandonen colegios e ingresen al mercado laboral.
Entre los efectos de la pandemia, tanto la CEPAL como la OIT indicaron que se observa una «desaceleración de la producción, desempleo, baja cobertura de la protección social y falta de acceso a seguridad social», condiciones necesarias para que aumente la pobreza y exista un «aumento del trabajo infantil significativo, si no se implementan medidas y estrategias para reducir el impacto”.
En números concretos, se estima que el trabajo infantil podría aumentar entre 1 y 3 puntos porcentuales en la región, lo que implicaría que «al menos entre 109.000 y 326.000 niños, niñas y adolescentes podrían ingresar al mercado de trabajo sumándose a los 10,5 millones que ya están en situación del trabajo infantil actualmente».
«El trabajo infantil no se da de modo aislado», dijo Gustavo Ponce, especialista en trabajo infantil de la OIT en Argentina. «Es una situación que le ocurre a los niños en un contexto familiar y ese contexto está profundamente afectado por una crisis económica y social. Entonces, la pandemia deja a la vista a los sectores más vulnerables y desprotegidos», explicó el funcionario.
En ese marco, el especialista de la OIT consideró que la crisis también puede propiciar que miles de niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad social se vean obligados a trabajar para contribuir con los ingresos familiares. Además, precisó Ponce, las niñas corren un riesgo particular de realizar trabajo doméstico o tareas de cuidados en el hogar, al tiempo que están más expuestas a sufrir accidentes y abusos físicos o sexuales.
Para Ponce, «las peores formas de trabajo infantil, incluida la explotación sexual, que afecta principalmente a las niñas, suele aumentar cuando disminuyen las oportunidades de empleo y los ingresos familiares».
Hay más números para entender la situación: el porcentaje de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años en situación de trabajo infantil en América Latina y el Caribe bajó de 10,8% en 2008 a 7,3% en 2016, lo que equivale a una disminución de 3,7 millones de personas en esa situación, hasta el indicador actual de 10,5 millones.
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«El aumento del desempleo y la pobreza afectarán severamente el bienestar de las familias, particularmente aquellas en condiciones de pobreza extrema quienes suelen habitar viviendas inadecuadas”, indicó el documento, que a su evz detalla que “uno de los principales factores de inseguridad e inestabilidad económica en los hogares es que la jefa o el jefe del hogar trabaje en condiciones de informalidad, donde la protección social es mínima y los contratos laborales son inexistentes, por lo que el trabajo infantil se convierte en un componente importante de cómo los hogares manejan la inseguridad económica”.
A su vez, la OIT y la Cepal reclamaron que en este momentos «niños, niñas y adolescentes deben estar en el centro de las prioridades de acción que, en su conjunto y a través del diálogo social tripartito, ofrezcan respuestas para consolidar los avances en la reducción del trabajo infantil, especialmente en sus peores formas”.
Y se plantean medidas para reducir el ingreso al mercado laboral de chicos y chicas, como una prevención efectiva; la identificación y localización de niños, niñas y adolescentes que trabajan; y la restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes que trabajan y de sus familias. En estas circunstancias, esgrimen las organizaciones, sería conveniente implementar ingresos básicos de emergencia por un tiempo para las personas en condición de pobreza.
Vale destacar que en Argentina, uno de cada diez niños y niñas de 5 a 15 años trabajan, con una mayor incidencia en las áreas rurales, que alcanza a casi el 20 por ciento, de acuerdo con la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes desarrollada por el Ministerio de Trabajo en 2017. Esa cifra podría aumentar como consecuencia de la pandemia y su impacto en los sectores más vulnerables.
