Esta semana, con la autorización para la venta de las acciones de la empresa IMPSA S.A. a la empresa estadounidense ARC Energy, el Gobierno de Javier Milei dio pasos concretos para la primera privatización de una empresa estatal de su administración. El objetivo es que la entrega de IMPSA, fabricante de como productos de alta tecnología como turbinas, grúas o reactores que abastecían a los sectores de metalurgia y de la generación de energía, sea sólo el primer caso de una larga lista de empresas que pasarían a la órbita privada.
“La Comisión Evaluadora de las ofertas para la venta de IMPSA – integrada por el Fondep del Ministerio de Economía, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y la provincia de Mendoza – resolvió recomendar la preadjudicación de las acciones de la compañía en poder del Estado nacional y provincial al consorcio IAF cuyo socio principal es Arc Energy”, se detalló en un comunicado de la Secretaría de Comercio que también confirma que “IAF ofertó US$27 millones en concepto de aporte de capital sujeto a un cronograma de integración de acuerdo a las necesidades de la empresa y solicitó un plazo hasta el 31 de enero para obtener el refinanciamiento de la deuda que guarda con los acreedores de IMPSA, que alcanza la cifra de US$576 millones”.
IMPSA, una histórica empresa fundada en 1907 por el Grupo Pescarmona hoy tiene sólo un 5,3% de las acciones (clase A) en manos de sus fundadores, con otro 9,8% (Clase B) en manos de acreedores por medio de una serie de fideicomisos de garantía, mientras que el resto (Clase C) se encuentra un 63,7% en poder del Fondep y el 21,2% restante pertenece a la provincia de Mendoza. Al respecto, el comunicado oficial detalla: “La decisión de desprenderse de las acciones en poder del sector público se encuentra alineada con el objetivo de déficit cero del Gobierno nacional y la no asignación de recursos federales a empresas privadas, abriendo así la posibilidad de que la empresa continúe la actividad de forma saneada en un marco de economía de mercado. La provincia de Mendoza manifestó su voluntad explícita de acompañar la decisión del gobierno federal”.
ARC Energy, la única oferente de la licitación lanzada en octubre, tiene sede en Luisiana, Estados Unidos, y tanto el presidente de la empresa como varios de sus principales directores figuran como aportantes a la campaña presidencial de Donald Trump, dando pistas de un entramado de negocios que confirma la sintonía del presidente argentino con su par reelecto de los Estados Unidos, próximo a asumir efectivamente la presidencia por segunda vez.
El Gobierno avanza con el plan de privatizaciones y esta semana busca dictamen por Aerolíneas
“Todo lo que se pueda privatizar, se va a privatizar. Todo lo que pueda pasar al sector privado para que sea más eficiente, así se hará”, afirmó en noviembre pasado el vocero presidencial Manuel Adorni, siguiendo los lineamientos de Milei, quien a poco de asumir declaró como “sujetas a privatización” a 41 empresas estatales (listado que luego fue recortado fuertemente en el marco de la aprobación de la Ley Bases). Pero el oficialismo no se rinde en sus planes privatizadores y busca avanzar incluso con aquellas que fueron explícitamente excluidas del listado, como Aerolíneas Argentinas o el Banco Nación.
Dentro de la nómina aprobada en el marco de la Ley quedaron como privatizables Energía Argentina, Intercargo, Aysa, Belgrano Cargas; Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse) y Corredores Viales (peajes). También se habilita la capitalización privada de Nucleoeléctrica Argentina (operadora de centrales nucleares) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Todas las operaciones quedarán en manos de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, encabezada por Diego Chaher, y, supuestamente, deberán contar con la aprobación de una comisión bicameral destinada al control de estos procesos, que todavía no se constituyó. De acuerdo con datos oficiales, en las cerca de 45 empresas y sociedades del Estado que originalmente estaban en los planes de privatización trabajan 100.263 personas (aunque desde el inicio del mandato de Milei esa cifra ya se redujo en unas 10 mil personas). El organismo está también cambiando el status jurídico de varias sociedades del Estado, que están transformándose en Sociedades Anónimas, como paso previo a su venta, como es el caso del portal educativo Educ.ar (dependiente de la Secretaría de Educación, en la órbita del Ministerio de Capital Humano).
En los últimos meses comenzaron a darse pasos efectivos para la privatización del Belgrano Cargas (que gestiona el transporte de cargas en las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, y controla el 37% del mercado de transporte de cargas por ferrocarril, con una plantilla de más de 4400 trabajadores) y del dragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal o Hidrovía (en los últimos días de diciembre se publicó la apertura de ofertas, que se extenderá hasta este 29 de enero, con algunos ítems muy específicos que apuntan a dejar fuera de la competencia a las empresas chinas para favorecer a las estadounidenses).
A inicios de enero, también se dispuso la disolución de la empresa estatal Administración General de Puertos (AGP), responsable de la administración del Puerto de Buenos Aires y de la Hidrovía, reemplazándola por una Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), que tendrá autarquía financiera y quedará en el organigrama del Ministerio de Economía de Luis Caputo. La decisión fue explícitamente cuestionada por la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FEMPINRA), que encabeza Carlos Schmid. Meses atrás, también se había realizado una operación similar con el fin de Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf), cerrada por considerar que “malgastaba recursos, no operaba trenes y no tenía funciones que justifiquen su existencia”.
