Aunque el Sistema de Evaluación Pública (SEP), impulsado por el ministro de Desregulación del Estado Federico Sturzenegger como una herramienta más para recortar la plantilla estatal, viene aplicándose con un porcentaje de aprobación superior al 98% entre los más de 40 mil trabajadores de la administración pública que ya rindieron el examen, el Gobierno de Javier Milei no cesa con los despidos y el cierre de organismos públicos, acumulando ya más de 41 cesantías desde el inicio de su gestión.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmaron que ya rindieron examen más de 41.500 estatales y la cifra de aprobados se elevó al 98%. El titular del gremio Rodolfo Aguiar, consideró al respecto: “Los reyes del achique y los recortes se gastaron más de 2.500 millones de pesos para estigmatizarnos a los empleados públicos y no pudieron, fracasaron porque rindieron todos bien”. Las cifras corresponden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el único distrito donde se implementó el SEP, por el momento.
“Los maestros de la eficiencia acaban de derrochar cuantiosos recursos públicos en evaluaciones de desempeño que nunca tuvieron sentido. Cualquiera podría haber anticipado el resultado con sólo saber que se les exigía que prueben su idoneidad a trabajadores con 5, 10, 15 y hasta más de 20 años de antigüedad”, remarcó el gremialista. Y enfatizó: “Parece que finalmente los burros no éramos los trabajadores, sino los funcionarios que empezaron a ingresar hace poco más de un año. Ahora esperemos que no insistan, que la corten acá y frenen en el resto del país con la implementación del sistema”.
Y concluyó: “A esta altura podríamos hablar de criptoexámenes, porque terminaron siendo una verdadera estafa para toda la sociedad. La plata que gastaron proviene del pago de impuestos de todos los argentinos de bien. Imaginamos que después de demostrado este perjuicio multimillonario, alguien va a renunciar”.
ATE movilizó contra las «pruebas de idoneidad» y crece la preocupación por otra ola de despidos
Pese a esos resultados más que positivos en la evaluación de la idoneidad de los trabajadores estatales, el Gobierno sigue con la “motosierra” a toda máquina, contra trabajadores estatales y diversos organismos públicos. De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, ya se recortaron 41.142 puestos de trabajo desde diciembre de 2023, lo que implica una reducción del 8,2% del personal total al inicio de la gestión de Milei, con el consecuente deterioro de las capacidades de respuesta y atención por parte del Estado en diversas áreas, incluyendo algunas tan sensibles como salud o infraestructura.
Los principales recortes se produjeron en la Administración Centralizada y Descentralizada, que se redujo en 23.576 puestos de trabajo (un 11.5% de la cifra a inicios de gestión), seguida por las empresas del Estado (reducción de 13.161 empleos, una reducción de 14,4%) y el Personal Militar y de Seguridad (4.405 empleos menos).
