En las horas previas a la discusión en el recinto de la Cámara de Diputados de las modificaciones introducidas por la Cámara alta al proyecto de Ley Ómnibus y al paquete fiscal que impulsa el Gobierno de Javier Milei, se siguen sumando críticas a distintos aspectos del proyecto, en particular a la legitimidad de insistir con la restitución del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. Desde la Mesa Intersindical El Salario No es Ganancia ya anticiparon que recurrirán a la Justicia si se avanza con esta medida, que afectará a más de un millón de trabajadores.
Si Diputados finalmente aprobara este aspecto del proyecto, ya trascendió que hay por lo menos 67 organizaciones gremiales (que integran la Mesa Intersindical) que elevarían planteos judiciales para reclamar por la “inconstitucionalidad” de la medida. El titular de la Asociación Bancaria Sergio Palazzo confirmó la decisión: “Claro que lo vamos a judicializar si avanzan con la sanción. Están creando un tributo por la voluntad de una sola de las Cámaras”.
La «Mesa Sindical El Salario No Es Ganancia» reclama que Diputados respete el voto del Senado
El oficialismo anticipó su voluntad de insistir con la formulación original de Diputados, pese a la posición contraria del Senado, ya que la restitución de Ganancias le permitiría aumentar la recaudación de fondos en un momento de crisis económica y desplome de la recaudación impositiva por la recesión económica generalizada. Sin embargo, ya algunos diputados de los bloques de “oposición amigable” anticiparon que no estarían dispuestos a acompañar a los oficialistas en ese planteo.
Entre otros argumentos, se plantea que la negativa del Senado abre posibilidades a la judicialización de una eventual aprobación en Diputados, ya que según algunas interpretaciones el rechazo de la Cámara Alta impediría retomar la discusión. Según el artículo 81 de la Constitución Nacional, un proyecto rechazado en una de las Cámaras no puede volver a ser tratado en el mismo año parlamentario, plantea una de las interpretaciones, de lo que se desprende que insistir con la sanción original, sin enmiendas ni adiciones, implicaría una violación constitucional.
Además, la diputada Vanesa Siley, de extracción gremial judicial, planteó recientemente en un debate en comisiones que el proyecto de Ley Ómnibus de conjunto estaría viciado de inconstitucionalidad. Explicando que la iniciativa no es una Ley sino “un conjunto de leyes” la legisladora sostuvo que “por ello, no se la puede equiparar a una única norma que tiene en su seno los principios de autonomía normativa, de unicidad y de uniformidad de la ley”. En el mismo sentido, agregó que “esto, que parece un tecnicismo, es fundamental, porque lo que se buscaba con esta Ley Bases era dotar de seguridad jurídica a los grandes grupos económicos nacionales o internacionales que desean venir a la Argentina y con estos parámetros de vicio originario, ese marco de seguridad jurídica no se va a estar otorgando por más que se sancione esta ley”.
