Las Mesa de Farmacias del AMBA, integrada por las cámaras representativas del sector, reclamaron a PAMI la firma de un nuevo convenio de prestación que corrija los desfasajes que tiene el actual, cuyo vencimiento será el 31 de octubre. “De lo contrario será imposible continuar prestando el servicio farmacéutico a los afiliados, por eso les pedimos a las autoridades del PAMI la definición de nuevas reglas, que les permitan a nuestras farmacias continuar prestando el servicio de excelencia que realizaremos hasta el 31 de octubre del corriente año, a pesar de la pérdida de rentabilidad que nos representa”.
Para las organizaciones que representan a los propietarios de comercios de farmacias, como ASOFAR, CaFaSUR, CAFABO y CAF, la forma de comercialización de los medicamentos a afiliados de PAMI es perjudicial para el funcionamiento del negocio. “A través de los años el convenio se fue desvirtuando paulatinamente, llegando a este momento que, para poder dispensar las recetas de cualquier obra social, prepaga o PAMI, debemos realizar bonificaciones (aportes) de forma obligatoria, de lo contrario, no podemos atender a sus afiliados. Estas bonificaciones están ahogando a nuestras farmacias ya que las mismas son exigidas sobre el precio público del medicamento y no sobre lo que resulta del monto a pagar por la obra social o prepaga”, sostuvieron en un comunicado conjunto.
En lo que respecta a PAMI, desde hace dos años ha establecido un precio de los medicamentos, denominado Precio PAMI. El mismo tiene un valor de entre un 5 y 35 por ciento por debajo del precio público. “Si bien la industria farmacéutica colabora bonificando parcialmente esa disminución del precio, esto a las farmacias nos representa una pérdida adicional relevante. Estamos de acuerdo que los beneficiarios paguen menos por el medicamento, pero este beneficio lo debe soportar el PAMI y no las farmacias”, afirmaron.
Entre el aporte de más del 15 por ciento que las farmacias realizan en la región, más las pérdidas ocasionadas porque el PAMI no indexa su precio, hacen que cada mes se incremente más la diferencia entre precio público y precio PAMI. “Esto nos ha llevado a una situación límite, ya que las farmacias deben pagar a sus droguerías proveedoras a precio de mercado y en un plazo promedio de 21 días, mientras cobramos a 60 días en un mercado con inflación en alza mensualmente”, argumentaron.
“De igual manera estamos exigiendo al resto de las obras sociales y prepagas, las correcciones en este mismo sentido, a efectos de evitar el cierre de farmacias y poder conservar las fuentes de trabajo”.
En este contexto, y ante la caída de ventas respecto al año anterior, “las farmacias no podrán comprometerse a asumir ajustes salariales inviables para este momento, como piden los sindicatos”. “Necesitamos volver a la rentabilidad normal de nuestras farmacias, haciéndole entender a las obras sociales, prepagas y PAMI, que las farmacias no somos formadoras del precio del medicamento”.