En las horas previas a una Marcha Federal Universitaria, que se prevé como masiva, crece la tensión con el Gobierno nacional de Javier Milei que acusa a los convocantes de impulsar un reclamo «político» y compromete aumentos presupuestarios que son considerados como «absolutamente insuficientes» por las autoridades universitarias, que sostienen la convocatoria a movilizar, junto con docentes, estudiantes y gremios de la educación superior, a los que se suman todas las centrales obreras del país.
“No vamos a permitir que las Facultades sean utilizadas por los políticos de turno”, afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni este lunes, para luego afirmar que la semana pasada el gobierno había alcanzado un acuerdo con el sector universitario tras ofrecer un aumento del 70% de las partidas del gasto de funcionamiento en marzo y prometer otro aumento del 70% en mayo, así como también el pago de “una partida extraordinaria para los hospitales universitarios de $14.403 millones”.
La comunidad universitaria mantiene la protesta del 23 y se suman cada vez más gremios
Pero el presunto acuerdo fue desmentido tanto el rector de la Universidad de Buenos Aires Ricardo Gelpi como por el vicerrector Emiliano Yacobitti, posición refrendada por todo el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que sostuvieron la convocatoria a movilizar este martes. A la convocatoria ya se habían plegado la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma), además de partidos como la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y sectores del peronismo como el Frente Renovador.
“El Presupuesto tiene que actualizarse porque con este presupuesto no se puede funcionar. Ahora pretenden actualizar un 105% los gastos de funcionamiento. Pero no hay paritarias, hay acuerdos unilaterales. Los profesores universitarios perdieron un 36% de poder adquisitivo en los últimos 4 meses”, explicó Yacobitti.
Sucede que los números que el Gobierno presenta como un aumento significativo del presupuesto universitario en realidad equivalen a menos de un 5% de incremento. Es cierto que el anuncio de 140% mensual (en 2 cuotas del 70% en los meses de marzo y mayo) en las partidas para funcionamiento de las universidades (gastos relacionados a los servicios públicos y materiales, entre otros) y la «partida extraordinaria» para los hospitales implican un incremento del 91,3% y del 89,5% para esas partidas específicas. Pero si se considera el total del presupuesto universitario esto apenas alcanza a un aumento de 3,4% en términos nominales con respecto al presupuesto original (prorrogado de 2023), porque gastos de funcionamiento (7,9%) y hospitales (1%) suman sólo el 8,9% del total del financiamiento universitario, que en un 82,6% se destina a salarios, que permanecen casi congelados.
En cuanto a los montos efectivamente ejecutados en el primer trimestre del año, se ve una caída real del 32,9% con respecto a igual período de 2023. Las partidas que más perdieron fueron Acciones Universitarias para el Desarrollo Nacional y Regional (Fondo Universitario para el Desarrollo Regional-FUNDAR), a la que no se le asignó ningún crédito (en 2023 se habían gastado $ 32 millones), y Asistencia Financiera para Hospitales Universitarios (-72,4%) y para el Funcionamiento Universitario (-58,4%).
En relación con el mayor monto presupuestario, que es la masa salarial de docentes, autoridades, administrativos y personal no docente, las partidas siguen congeladas con valores del año pasado, por lo que la caída en términos realiles rondaría el 70%, considerando la inflación proyectada para 2024. En marzo, según explicaron desde el gremio Conadu, un docente universitario con dedicación simple y sin antigüedad cobró un sueldo de $ 137.230. El salario docente de marrzo fue equivalente al de septiembre pasado más un 16%, aumento correspondiente a la última paritaria, durante el gobierno anterior. Toda la acumulación inflacionaria del último trimestre más el primer trimestre de 2024 no fue contemplada.
En ese marco, se prevé que la movilización sea la más masiva de repudio a las políticas del Gobierno, lo que también se refleja en la preocupación oficial para tratar de desactivarla o mermar su convocatoria. En las últimas horas el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Alvarez estuvo comunicándose con los rectores de las universidades nacionales para que se bajen de la marcha, realizando múltiples promesas de recomposición para intentar una suspensión de convocatoria que finalmente no se concretó.
Otro factor para desincentivar la participación pasa por la amenaza represiva. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich insiste con la aplicación del protocolo antipiquetes, aunque el Gobierno porteño está dispuesto a autorizar la movilización, aceptando el perimiso solicitado por las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional. La interna entre Nación y Ciudad se manifiesta en la preocupación de las autoridades porteñas por un posible desborde represivo, ya que Bullricn confirmó que desplegará a la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria para «custodiar los edificios federales» como el Congreso, la Casa Rosada y la Catedral.
