La Cámara Nacional del Trabajo declaró nuevamente la invalidez constitucional de los artículos 2° y 3° del DNU N°340/25 “por imponer modificaciones al derecho a huelga a través de un decreto que no justificó los requisitos de necesidad y urgencia que habilitaran a eludir el trámite constitucional de sanción de las leyes”.
La acción de amparo presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), también tuvo efectos similares en anteriores circunstancias de litigio jurídico, a través de otras presentaciones sindicales como la realizada por las dos centrales gremiales de la CTA, incluido el pronunciamiento similar del máximo tribunal de justicia, al inicio del gobierno de Milei.
La intención de la administración libertaria de pretender establecer el rol de los medios de transporte como tarea esencial, para impedir huelgas u otras acciones de protesta, también encontró un freno desde la Justicia.
De hecho, los últimos fallos también critican el rol que está intentando desempeñar el Poder Ejecutivo, sobre el Legislativo, en la disputa por las normas que rigen el contrato laboral en nuestro país, que además tiene redacción explícita en la Constitución Nacional.
Los magistrados en cada nueva postura contraria a las pretensiones del gobierno, dan más argumentos contrarios a estos objetivos políticos de ‘La Libertad Avanza’, señalando que “no se explican” las razones de “necesidad y urgencia” y que fija unilateralmente como “trascendentales”, cuestiones que deben tener el tiempo y el ámbito de debate, que establece el normal funcionamiento de las instituciones que enmarca el sistema democrático del país.
