Insólito: la Justicia prohíbe a los funcionarios porteños opinar en el conflicto del subte

Después de largas semanas de reclamos en los subterráneos porteños, que llegaron a su máxima tensión con la detención del metrodelegado, Néstor Segovia, sorpresivamente un fallo judicial invirtió la desfavorable situación de los trabajadores y ordenó reabrir la paritaria del subte e incorporar a los metrodelegados a la mesa de negociaciones.

Eso no sería tan novedoso como que en el mismo fallo ordena a los funcionarios públicos de la Ciudad que “se abstengan de efectuar declaraciones públicas que tergiversen los contenidos de normas y fallos» relacionados con el conflicto gremial.

Por otra parte, la Justicia le ordenó a la empresa concesionaria levantar las sanciones a los más de 170 trabajadores suspendidos por adherir a las protestas con apertura de molinetes y cortes programados.

Todo parecería favorable a los trabajadores hasta acá pero el fallo incluye también una decisión polémica: “durante 60 días los trabajadores no puedan hacer medidas de fuerza”.

La decisión la tomó el juez Roberto Gallardo, titular del Juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo, quien hizo lugar a un amparo presentado por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) contra el Gobierno porteño.

El fallo dispone la apertura de una mesa negociadora, que durará 60 días, en la que se verán las caras los representantes de Metrovías, Sbase, los metrodelegados y la UTA.

La medida judicial cayó muy mal en el gobierno porteño, donde aseguraron que: «Vamos a impugnar el fallo porque es jurídicamente indefendible. Nos obliga a incumplir la ley de asociaciones sindicales, que dice que sólo los gremios con personería pueden negociar paritarias”.