Este miércoles la Justicia porteña le ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se prohíba de forma inmediata la operación de las plataformas de delivery como Rappi, Glovo y Pedidos Ya por no respectar los requisitos mínimos de seguridad establecidos en el Código de Transporte para sus repartidores.
Según un reciente estudio, casi el 80% de los trabajadores de estas aplicaciones circula con la caja de delivery cargada en la espalda, cuando por ley debería estar sujeta a la moto o bicicleta, mientras que el 70% no cuenta con ningún tipo de seguro y más de la mitad no usa casco. El fallo del juez Andrés Galardo, del juzgado Nº2 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, plantea que la responsabilidad por esta modalidad de trabajo es de las empresas y no de los repartidores, que muchas veces son los que reciben las multas de los agentes de tránsito por ese tipo de infracciones.
Desde la Asociación de Personal de Plataformas (APP), flamante gremio que organiza a los repartidores, consideraron: “Vemos con buenos ojos el fallo pero nos preocupa que las plataformas descarguen estas obligaciones con más costos sobre los trabajadores”.
La resolución de la Justicia porteña es categórica con respecto al mandato hacia el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta: Se ordena prohibir la actividad de las plataformas de mensajería y reparto de alimentos hasta que las empresas no garanticen plenamente las condiciones de seguridad de los trabajadores. Gallardo también solicitó que el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat ejecute un “plan de contingencia económica y social” para compensar la reducción del ingreso de los repartidores mientras la prohibición del servicio esté en vigencia.
Más allá de lo contundente del fallo, desde APP ven con preocupación que las empresas pretendan descargar el gasto derivado de las nuevas medidas de seguridad en los “rappitenderos” (como se les llama a los repartidores). Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista y representante del gremio, detalló: “Es importantísimo que el fallo descargue todo el peso de la ley sobre las plataformas pero el problema es que en la calle las multas recaen sobre los trabajadores. La Policía para a los repartidores como si fueran motochorros”.
El abogado plantea una carencia clave del fallo, que tiene que ver con la exigencia a las plataformas de que registren a sus trabajadores y se hagan cargo de los costos del seguro y de todas las regulaciones municipales con respecto a la seguridad vial y el traslado de alimentos. Al respecto, detalló: “Los repartidores en bici deberían tener por ejemplo un seguro de riesgos contra terceros y ART pero la plataforma los obliga a contratar un seguro de responsabilidad civil”.
Ottaviano también manifestó su preocupación respecto del cumplimiento del fallo, ya que consideró que desde este tipo de empresas “no son muy afectos a cumplir órdenes judiciales y la Ciudad ya demostró no tener los medios para impedir el funcionamiento de una aplicación”. “Impedir que funcione una aplicación requiere intervenir internet y eso supone otras medidas… Entonces el Gobierno saca a los policías y agentes de tránsito para multar a los trabajadores por el incumplimiento de su empleador pero no persigue al empleador. Los choferes y repartidores son los que soportan el precio de la prohibición y las sanciones”, concluyó.
