Desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) confirmaron que la Justicia Federal finalmente dejó sin efecto el decreto del Gobierno de Javier Milei respecto de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (OSPRERA) y le ordenó a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que le devuelva al gremio el control de la misma. Sin embargo, tras el fallo, la SSS ratificó la intervención, planteando un escenario que de hecho será de convivencia de gestiones.
El fallo del Juez Federal de La Pampa Juan José Baric, especialmente duro contra la gestión del Superintendente Gabriel Gonzalo Oriolo, le reclamó al funcionario que presente los informes en los que se basó designar a un normalizador de la obra social y le ordenó «la suspensión preventiva de los efectos la resolución fecha 05/08/2024 RESOL-2024-1612-APN-SSS#MS» con la que se intervino la institución, «haciendo saber a la Superintendencia de Servicios de Salud y a toda entidad institucional y bancaria que corresponda, que se abstenga de ejecutarla».
El fallo llega luego de la presentación judicial impulsada por el titular de UATRE José Voytenco, patrocinado por el gerente de Asuntos Jurídicos de Osprera Lucas Eksiyan, con el asesoramiento del abogado Luciano Podestá. Allí se detallan una serie de irregularidades en todo el proceso administrativo y se explica que la Superintendencia presentó una serie de requerimientos que debían ser contestados antes del 22 de agosto pero que el 5 del mismo mes, tras sólo un día hábil de la solicitud, se resolvió la intervención.
Para el Juez, el estado contable «crítico» que describe la Superintendencia como argumento para la intervención no se condice con el «análisis preliminar del ejercicio contable cerrado al 31/12/2023» en el que «se advierte resultado positivo del ejercicio contable y con respecto a las deudas se advierte que las mismas han disminuido». Según el análisis del juzgado, tampoco coincide con la realidad el repaso de la situación prestacional que se detalla en la Resolución ni su nivel de litigiosidad. En ambos casos se presentan cifras muy por encima de los que se pueden constatar efectivamente.
En ese marco, el magistrado tomó la denuncia contra el propio Oriolo, así como contra los titulares de las diversas áreas técnicas que suscribieron la Resolución, por el presunto delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. Y también se investigará la denuncia por asociación ilícita y tráfico de influencias contra Oriolo, los funcionarios técnicos de la Superintendencia y el diputado nacional de La Libertad Avanza Pablo Ansaloni (quien fue responsable de Osprera, denunciado Uatre e investigado por una millonaria defraudación a la entidad), «por asociación ilícita y tráfico de influencias, con el fin de desplazar ilícitamente a las legítimas autoridades de la OSPRERA y hacerse el control de la Obra Social».
Tras el fallo, el organismo sanitario anunció: «A pesar de la resolución judicial, la Superintendencia de Servicios de Salud confirma la intervención de la Obra Social de los Peones Rurales y Estibadores (Osprera) realizada por el Poder Ejecutivo Nacional y advierte sobre una decisión judicial de características inéditas que afecta la objetividad en la evaluación de los hechos y el debido proceso legal».
