En las últimas horas la Asociación Bancaria logró un importante aval judicial a su amparo contra el pago del polémico Impuesto a las Ganancias, que restituyó el gobierno de Javier Milei. Un fallo de la Justicia Federal del Chaco suspendió el pago del tributo para los trabajadores del sector, dictando una medida cautelar sobre la aplicación del título V de la Ley Bases y el decreto que lo reglamenta, por un período de tres meses.
“Dicha medida inhabilita al Poder Ejecutivo a cobrar ese tributo a los trabajadores bancarios del Chaco por el lapso de 90 días renovable a petición de la Asociación Bancaria hasta tanto se diriman las cuestiones de fondo”, festejó el titular de La Bancaria y diputado nacional Sergio Palazzo desde sus redes sociales.
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La medida judicial se originó en un recurso presentado por la seccional Resistencia de la Asociación Bancaria, por intermedio de su secretario adjunto Rubén Belmar Ruffino, alegando la necesidad de “interponer la acción de amparo colectiva con una función preventiva del daño, aunque considera que esta ya está en parte consumado, pero que amenaza con incrementarse y agravarse notablemente”.
En el escrito, el gremio remarcó que no se trata de “una mera cuestión tributaria ni simplemente patrimonial pues impacta directamente en las condiciones de vida de los trabajadores” y destacó que lo que se busca no es una reparación de carácter individual “sino el cese de los efectos emanados de una reglamentación que es impugnada por violentar los derechos fundamentales titularizados por los sujetos que componen la clase representada”.
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El texto denuncia también un “vicio” de origen derivado del tratamiento legislativo de la Ley 27.743 por incluir “títulos que han sido rechazados totalmente por el Senado de la Nación, en su intervención como cámara revisora del proyecto inicialmente aprobado por la Cámara de Diputados” lo que, según explicaron, atenta contra el artículo 81 de la Constitución Nacional ya que “ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año”.
“El impuesto en la forma en que fue reinstalado produce una notoria confiscatoriedad sobre los salarios de los trabajadores, en tanto que detrae del patrimonio de los sujetos alcanzados una proporción que excede toda razonabilidad y los coloca en una posición de mayor vulnerabilidad, impidiendo su acceso a una vida digna y aumentando la desigualdad social, índice particularmente preocupante en nuestro País”, concluye el escrito.
Tras la definición de la jueza federal Zunilda Niremperger se libraron notificaciones de este modo al Ministerio de Economía, a la AFIP y a las distintas entidades bancarias con sucursal en Chaco explicando que “la cuestión en análisis excede, en principio, el tema impositivo, en tanto se afecta directamente el salario de los trabajadores, sobre el que se calcula el cuestionado impuesto”.
