A partir de una presentación de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró la inconstitucionalidad de los artículos 86, 87, 88 y 97 del DNU 70/23 que apuntaban a prohibir bloqueos o tomas de los espacios de trabajo por reclamos gremiales. El reclamo de la confederación docente también apuntaba contra las consecuencias antisindicales de la declaración de la educación como servicio “esencial”, votada recientemente en la Cámara de Diputados a propuesta del Gobierno de Javier Milei. El fallo, que confirmó una sentencia previa de primera instancia, le dio la razón al reclamo gremial.
La acción judicial planteada por CTERA impugnaba estos puntos, que sustituían el artículo 6° de la Ley N° 14.250 y planteaban que “las asociaciones sindicales tendrán derecho a convocar a asambleas y congresos de delegados sin perjudicar las actividades normales de la empresa o afectar a terceros”. Así los bloqueos y tomas, que se listaban como acciones prohibidas para los trabajadores, considerándose infracciones muy graves e incluso como causales de despido, pasaron a ser considerados por el fallo de los jueces Manuel Díez Selva y Silvia Pinto Varela como “no aplicables” para los trabajadores de la educación.
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En este sentido, se consideró que la educación no es un servicio esencial a los fines del ejercicio del derecho de huelga, como se plantea desde el oficialísimo para impedir la protesta docente. Desde CTERA recordaron que ya el Poder Judicial declaró inconstitucional una propuesta similar hace 20 años, en relación con el Decreto N° 843 del ex presidente Fernando De la Rúa y la Resolución N° 481 de Patricia Bullrich, entonces ministra de Trabajo.
Por dicho motivo la CTERA y los gremios de base adheridos, podrán adoptar a futuro las acciones que estimen convenientes en defensa del salario y de las condiciones de vida y de trabajo de los docentes, “frente a las conductas persecutorias de notoria ilegalidad y desconocimiento de la normativa vigente tanto en el plano nacional como internacional emanadas de la O.I.T., que perjudican y empujan al abismo a los docentes de todas las provincias al ver cercenados en forma arbitraria sus remuneraciones, entre otros daños ocasionados por la implementación de políticas agresivas y regresivas por parte del gobierno nacional”, concluyeron desde la confederación.
