La Justicia bloqueó el pago de subsidios sospechados de ir a la «compra de votos»

Después del estallido de otro escándalo respecto de posibles maniobras del oficialismo para la compra de votos mediantes subsidios del Estado nacional, el fiscal federal Jorge Di Lello aprobó una medida cautelar para suspender la entrega de estos pagos presuntamente destinados a desocupados que muchas denuncias sostenían que en realidad se destinaban a fiscales de Juntos por el Cambio. Este miércoles, la reasignación presupuestaria aprobada por el Gobierno había aprobado una partida extraordinaria de 650 millones para la Secretaría de Empleo, desde donde se iban a distribuir los polémicos subsidios.

Según fue denunciado primero en medios periodísticos y luego ante sede judicial, la Secretaría de Empleo a cargo de Fernando Prémoli, dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo de Dante Sica, había aprobado el pasado 2 de octubre la Resolución 1177, que destinaba 650 millones de pesos para el pago de 114 mil subsidios, presuntamente destinados a desocupados, de los que se sospechaba que iban a ir a punteros del oficialismo para incidir en maniobras de compra de votos. El miércoles de esta semana, el oficialismo aprobó una partida por ese monto para la cartera de Empleo. Pero el fiscal Di Lello aprobó una cautelar impidiendo la utilización de ese dinero hasta tanto no se avance en la investigación.

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Varios intendentes habían sumado sus denuncias sobre la práctica que estaban llevando adelante candidatos y punteros de Juntos por el Cambio, ofreciendo dinero a cambio de un voto por el oficialismo. Jorge Landau, apoderado del Frente de Todos que presentó la denuncia, sumó la sospecha de que los presuntos subsidios podían usarse “para pagarles a los fiscales de Juntos por el Cambio 5000 pesos, y otros 5000 si llevan mesas ganadoras”. En la provincia de Santiago del Estero se abrió otra una causa por la presunta utilización de fondos de la Anses para compra de votos (un delito para el que se prevén hasta tres años de prisión).

Según el dictamen que Di Lello presentó ante la jueza con competencia electoral María Romilda Servini, se podrían estar utilizando recursos públicos a través del Ministerio de la Producción para “actuar en forma deliberada cautivando al electorado con la entrega de sumas de dinero como subsidios, que además de estar dentro de la veda electoral, podría estar estratégicamente dirigido a una franja de ciudadanos argentinos que transitan este tiempo sin trabajo”.

Según denunció el periodista Mariano Martín en Ámbito Financiero, hasta el momento se había aprobado la entrega de 80 mil de los más de 110 mil subsidios previstos, mientras que el resto fueron objetados por la Anses por presentar incompatibilidades como la percepción de otro beneficio. El fiscal Di Lello exigió al Ministerio de Producción que informe inmediatamente sobre el tema, pero aún no hubo respuesta oficial de Sica.

Un problema extra es que los fondos para la efectivización de la Resolución del Gobierno se aprobaron dentro del período de vedad de 25 días previo a las elecciones, cuando se prohíben este tipo de iniciativas estatales. Según Di Lello, el objetivo de la cautelar es evitar que el Ministerio de Producción pueda actuar dentro de ese período “en forma deliberada cautivando al electorado con la entrega de sumas de dinero como subsidios”, lo que “podría estar estratégicamente dirigido a una franja de ciudadanos argentinos que transitan este tiempo sin trabajo”. El escrito del fiscal concluye: “No puede permitirse que en el marco de ‘necesidades laborales’ se apele a la entrega bajo el ropaje de subsidios dinero que por el tiempo en que se otorgan pueden estar utilizados como un mensaje electoralista”.