Tras poco menos de tres meses de su intervención, llevada a cabo el sábado 26 de octubre del año pasado, la Obra Social del Personal de Rurales y Estibadores (OSPRERA), viene recibiendo a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) la presentación de -21 casos que ya llegaron a la Justicia y tienen amparos incumplidos- lo que está generando «una crisis sanitaria no sólo para los trabajadores rurales ya casi sin cobertura, sino que sienta un precedentes entre los otros gremios», según denuncian desde las autoridades de UATRE, el gremio que conduce José Voytenco a nivel nacional.
De hecho, desde la organización sindical, señalan que algunas de estas presentaciones por falta de prestaciones médicas, «alcanzaron la instancia penal porque la obra social desobedeció las demandas judiciales». Entre los motivos de denuncia se encuentran » interrupciones en la entrega de medicamentos, tanto ambulatorios como oncológicos y de alto costo, agravando patologías existentes y estadíos de enfermedades en pacientes con cuadros severos.»
Puntualmente, trascendió un detalle dado a conocer desde UATRE; que describe los casos presentados en la SSS, y judicializados en la provincia de Buenos Aires: «hay dos casos de Junín, otros dos casos en Necochea, uno en Mar del Plata , uno en Bahía Blanca y dos casos en San Nicolás con intimaciones a la Intervención de la obra social para cumplir con medicación y tratamientos, mientras que en San Nicolás se inició una causa penal por desobediencia por parte de la obra social a la demanda judicial que le exigía restituir medicación».
Por último el informe menciona «un caso en la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, un caso en General Roca y uno en Salta, que derivó en denuncia penal por una menor de edad, a quien le interrumpieron su tratamiento oncológico, mientras que en Tucumán, hay otros cuatro casos, que también alcanzaron la instancia penal».
Asimismo, también consta en las críticas realizadas a la intervención de la obra social que, «se bloquearon las Cuentas Bancarias de las Delegaciones de OSPRERA en todo el país, interrumpiendo la cadena de pagos que sostiene la asistencia médica de los beneficiarios» y, «se han dejado de autorizar, y por ende de liberar las compras, de Medicamentos de Alto Costo, impidiendo su trámite de adquisición y entrega a pacientes oncológicos, con HIV o hemofilia, entre los más graves».